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Demanda contra EEUU ante la Organización de Estados Americanos por sus ataques contra instalaciones sanitarias en Faluya

Uruknet.info, 2 de diciembre de 2004
Traducción para IraqSolidaridad (
www.nodo50.org/iraq):
Paloma Valverde, 9 de diciembre de 2004

Las organizaciones Proyecto sobre la Ley Humanitaria y Desarrollo Educacional Internacional (DEI), con sede en Los Ángeles, y la organización Asociación de Abogados Humanitarios, con sede en San Francisco, han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos una petición de investigación de violaciones de derechos humanos comedidos por EEUU durante el asalto a Faluya, en concreto los ataques contra instalaciones hospitalarias de la ciudad y la obstrucción premeditada de atención sanitaria a las víctimas iraquíes. Presentamos a continuación el texto completo de la demanda. [IraqSolidaridad]


"Solicitud remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por a Asociación de Abogados Humanitarios contra EEUU en nombre de los desconocidos, incontables enfermos y personal médico, tanto vivos como muertos, del Hospital General de Faluya y de la Clínica de Traumatología"

Breve introducción sobre la petición

El domingo 7 de noviembre de 2004, tropas de las Fuerzas Especiales de EEUU asaltaron el Hospital General de Faluya. Los enfermos ingresados fueron sacados de sus habitaciones, se les ordenó que se tirasen al suelo y colocaran las manos a la espalda. También existen informaciones contrastadas de que una clínica fue atacada y en ella fueron asesinados 20 médicos y un número desconocido de enfermos. Los sobrevivientes necesitaron ayuda médica urgente.

Las organizaciones que suscriben esta petición lo hacen sobre la base de una situación de emergencia amparada por el artículo 25 de las normas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los solicitantes alegan que las informaciones sobre el impacto de ese ataque contra médicos y enfermos, unido a las actuales condiciones en clínicas y hospitales, si son ciertas, justifican las medidas amparadas en el [citado] artículo 25 y constituyen violaciones del artículo I ("Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal"); del artículo V ("Derecho de libertad frente a los ataques abusivos contra la vida individual"); artículo XI ("Derecho a la conservación de la salud y del bienestar") y artículo XXV ("Derecho a la protección contra las detenciones arbitrarias") de la Declaración de los Derechos y Obligaciones del Hombre, adoptadas en la IX Conferencia Internacional de los Estados Americanos (1948) (Declaración Americana). EEUU es miembro de la Organización de Estados Americanos y por lo tanto está obligada a cumplir la [citada] Declaración.

Los solicitantes no han puesto de manifiesto estos puntos presentados aquí en un forum que invocaría la duplicidad de la doctrina establecida en el artículo 33 de las normas [de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos].

Las Organizaciones Solicitantes

La Asociación Humanitaria de Abogados (AHA) es una organización californiana debidamente registrada en la Secretaría de Estado de California y tiene estatuto de organización privada sin ánimo de lucro según las leyes de EEUU. Antes conocida como la Ley Internacional de la Minusvalía, [la asociación tiene como] misión darla a conocer y buscar su integración con los derechos humanos y las Leyes Humanitarias. AHA específicamente pretende proteger los derechos humanos de las personas heridas o discapacitadas en los conflictos armados y proteger al personal sanitario, las instalaciones médicas y su contenido de cualquier daño.

Las organizaciones solicitantes cumplen el artículo 23

Las organizaciones solicitantes manifiestan que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 23 de las normas [de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos], que permite solicitudes en nombre de terceras personas presentadas por grupos legalmente reconocidos en un estado miembro de la OEA. Las organizaciones solicitantes manifiestan que precisamente los individuos en número desconocido y no identificados son precisamente las personas que AHA pretende proteger y que los actos en cuestión son aquellos que AHA pretende prevenir o remediar.

Solicitud de medidas cautelares del artículo 25

El Artículo 25 [de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos] ampara las medidas cautelares que deben tomarse en situaciones de urgencia. Estas normas permiten:

1. En casos graves o urgentes y cuando sea necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión debe, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar que el Estado implicado adopte las medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas.

Las organizaciones solicitantes están convencidas de que la situación es lo suficientemente grave para suponer que los solicitantes individuales supervivientes están en grave riesgo de perder su vida o de sufrir otro daño irreparable.

Inexistencia de soluciones locales

Los solicitantes alegan la inexistencia de soluciones locales tal y como requiere el artículo 31 de las normas porque este es un caso urgente regulado por el artículo 25 de las normas. Los solicitantes además manifiestan que las leyes nacionales de EEUU no proveen remedios para las victimas de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los conflictos armados y esto quedará demostrado si tal es requerido por la Comisión.

Hechos

El Estado demandado, [EEUU], no niega que sobre las 10 de la noche del domingo 7 de noviembre de 2004, sus Fuerzas Especiales irrumpieran en el Hospital General Faluya y que tanto médicos como enfermos fueran obligados a tirarse al suelo, [donde los efectivos estadounidenses] les ataron las manos detrás de la espalda. La primera página del San Francisco Chronicle del 8 de noviembre mostraba una foto del Hospital [General] de Faluya tomada por el fotógrafo Shawn Baldwin del New York Times, mostrando las tropas de EEUU vigilando a un grupo de enfermos tirados en el suelo con las manos atadas. El [Estado] demandado ha admitido que esta operación estaba entre las primeras llevada a cabo por sus fuerzas militares con el objetivo de arrancar Faluya de las manos del enemigo. Hay muchas evidencias que indican pérdida de vidas, heridos y empeoramiento de las condiciones médicas y de otras situaciones tanto para el personal sanitario como para los enfermos y ello debido a la actuación del demandado.

Los solicitantes alegan que la información relacionada con la clínica es suficientemente plausible como para indicar que las fuerzas militares del [Estado] demandado llevaron a cabo un bombardeo aéreo sobre una Clínica de Traumatología que mató quizás a más de 20 médicos y a un número desconocido de enfermos. En este sentido, Reuters ha dado a conocer la fotografía de un cartel en el que se puede leer "Urgencias del Hospital Nazzai" que es todo lo que queda de ese Hospital y de los dos edificios adyacentes que eran utilizados por el personal médico. Las fuerzas contendientes [insurgentes iraquíes] no tienen capacidad para [llevar a cabo] ataques aéreos. Altos cargos estadounidenses han defendido estos actos afirmando que el Hospital General Faluya era un "hospital en campo enemigo". Pero los solicitantes aseguran que los hechos, conocidos por el [Estado] demandado, indican que estas instalaciones son civiles y que las afirmaciones realizadas en otros momentos por el demandado indican que disponía de esta información.

Hay numerosas informaciones, así como fotografías, de las Fuerzas Armadas estadounidenses disparando o destruyendo ambulancias. El 15 de noviembre de 2004, El Creciente Rojo Iraquí supuestamente intentó llevar las cosas más básicas para los enfermos pero se lo impidieron. Su convoy tuvo que retirarse a los campos de desplazados de los alrededores.

Existen pruebas claras de que los tanques Abrams están usándose en ataques militares cercanos y en los alrededores de instalaciones sanitarias, de donde se infieren los posibles daños a los enfermos y al personal médico que permanece dentro [de las instalaciones] puesto que esos tanques han estado utilizando armas con munición recubierta de uranio empobrecido. Las armas [revestidas] de uranio empobrecido son armas radioactivas que tienen un efecto devastador sobre la vida y la salud de las personas en toda la zona y que continuarán teniendo efectos mortales mucho tiempo después de terminado el conflicto. Es por esta razón por la que en 1996 la Subcomisión de NNUU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos declaró "incompatible" el uso de este armamento con las leyes básicas de derechos humanos y con los derechos humanos existentes.

La urgencia de la situación está indicada en un llamamiento del Alto Comisionado de NNUU para los derechos humanos que emitió un dictamen en este sentido.

Violaciones [de derechos]

Los solicitantes alegan que los actos arriba señalados demuestran violaciones de los artículos I ("Derecho a la vida, la libertad y a la seguridad personal"); del artículo V ("Derecho de libertad frente a los ataques abusivos contra la vida individual"); artículo XI ("Derecho a la conservación de la salud y del bienestar") y artículo XXV ("Derecho a la protección contra las detenciones arbitrarias") [de la Declaración de los Derechos y Obligaciones del Hombre, adoptadas en la IX Conferencia Internacional de los Estados Americanos (1948)].

La guerra puede implicar alguna excepción a esos derechos. Por ejemplo, un soldado enemigo en el campo de batalla no tiene derecho de acción amparado en el derecho a la vida, estipulado en la ley de derechos humanos. En algunas situaciones, los civiles heridos pueden considerarse como "accidentes" y no, sin embargo, como violaciones bien de los derechos humanos o de las Leyes Humanitarias. Sin embargo, cuando una fuerza armada lleva a cabo una acción militar ilegal, entonces el resultado son violaciones tanto de los derechos humanos como de las Leyes Humanitarias. Así, el gobierno demandado, para defenderse de las acusaciones de los solicitantes, debe consultar las Leyes Humanitarias aplicables para ver si hay algunas excepciones relacionadas con esta demanda.

Las violaciones alegadas por los solicitantes son resultado de operaciones militares que están específicamente prohibidas en aplicación de las Leyes Humanitarias. El artículo 18 de la IV Convención de Ginebra de 1949 dice, en la parte correspondiente, lo siguiente:

"[...] Los hospitales civiles organizados para dar cuidado a los heridos y enfermos y los partos no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, objeto de ataque sino que en todo momento deben ser respetados y protegidos por las partes en conflicto."

El Artículo 19 de la misma convención declara:

"[...] La protección bajo la cual están acogidos los hospitales civiles no debe terminar a menos que [los hospitales] se utilicen, al margen de sus obligaciones humanitarias, para realizar actos dañinos contra el enemigo. La protección debe sin embargo cesar sólo después de que las debidas advertencias hayan sido realizadas, señalando, en todos los casos, un tiempo límite razonable y cuando tras tal aviso se ha hecho caso omiso. El hecho de que los miembros de las fuerzas armadas heridos o enfermos sean atendidos en esos hospitales, o la presencia de pequeñas armas y munición requisada a esos combatientes que todavía no ha podido ser entregada a las instancias adecuadas, no debe ser considerado como actos contra el enemigo."

Los hechos demuestran claramente que el Hospital General de Faluya fue siempre un hospital civil y que el [Estado] demandado tenía que saberlo. Además, el demandante ha admitido públicamente que el ataque al Hospital General de Faluya fue una parte clave de la primera fase de las operaciones militares para asediar Faluya. Varios informes atribuyen a un acto meditado la negativa de las fuerzas a permitir atención médica. En cualquier caso, no hay una advertencia clara en el artículo 19 y mientras algunos enemigos heridos estaban en el hospital, el artículo 19 establece que no se permite que estos hechos sean interpretados como dañinos para el enemigo. Así, el [estado]demandado no debe invocar una excepción al derecho a la vida y a la seguridad de las personas ni otros derechos de Artículo I de la Declaración Americana.

Incluso si el Hospital General de Faluya fuera un hospital del enemigo, el demandado no podría legalmente llevar a cabo lo que hizo. Esto está claramente establecido en el artículo 19 de la Convención de Ginebra de 1949, que establece que:

"Instituciones estables y unidades médicas móviles y servicios médicos del enemigo no podrán ser atacados en ninguna circunstancia, pero deben ser respetadas en todo momento y protegidas por las partes en el conflicto."

Los solicitantes, además, concluyen que los ataques a instalaciones médicas demuestran violaciones del Derecho de libertad frente a los abusivos ataques como establece el artículo V, violaciones del Derecho a la salud del artículo XI y, como muchos enfermos y médicos estuvieron detenidos durante distintos períodos de tiempo, una violación del Derecho a la libertad frente a las detenciones arbitrarias como establece el artículo XXV. El fracaso de EEUU en dar o permitir ayuda inmediata y de urgencia a los desconocidos e innumerables enfermos, es una flagrante violación del artículo XI y les coloca a todos ellos en una situación de riesgo de pérdida de la vida, irreparables daños y otras violaciones [de Derechos]. El posible uso ilegal de armas con uranio empobrecido podría indicar un agravamiento de la violación de los derechos a la salud y al bienestar en tanto que los enfermos del hospital estarían particularmente afectados por la exposición a la radiación de uranio empobrecido.

Conclusión

Los solicitantes respetuosamente solicitan a la Comisión que requiera al [estado]demandado que cumpla con la Declaración Americana tal y como debe ser interpretada durante los conflictos armados invocando la ley humanitaria. Los solicitantes también piden a la Comisión que considere una investigación in situ amparada en su autoridad, así como el permiso para remitir la documentación adicional a medida que esta esté disponible y afirma su deseo de entregar todo lo que le sea requerido por la Comisión para un futuro análisis o puesta en común.

Respetuosamente,

Karen Parker, J.D.
Abogada de la acusación particular

Karen Parker
154 Fifth Avenue, San Francisco, CA 94118
Teléfono y fax: 415.668.2752

Documentos que se adjuntan a la petición [1]

1. Declaración de Louise Arbour, Alta Comisionada de NNUU para los Derechos Humanos, de fecha 16 de noviembre de 2004.

2. Dominick B., "In Falluja, U.S. Declares War on Hospitals, Ambulances", The New Standard (Australia), 12 de noviembre de 2004.

3. "Aid Convoy Barred from 'starving' Falluja", al-Jazeera, 15 de noviembre de 2004.

4. Georgy M., Sengupta K. McGavin H., The Independent, 15 de noviembre de 2004.

5. Grupo de trabajo de emergencia de NNUU. Crisis Faluya "Notas actualizadas" de 11 y 13 de noviembre de 2004.

6. "Hospitals Hit as Fighting rages in Falluja" al-Jazeera, 9 de noviembre de 2004.

Nota de IraqSolidaridad:

1. No incluidas. Véase al respecto en IraqSolidaridad de 2 de diciembre de 2004, Varea C.: 6.000 civiles podrían haber muerto en el asalto, según el Creciente Rojo Iraquí - El Creciente Rojo Iraquí denuncia no poder atender a los heridos y enfermos

www.uruknet.info

6.000 civiles podrían haber muerto en el asalto, según el Creciente Rojo Iraquí - El Creciente Rojo Iraquí denuncia no poder atender a los heridos y enfermos

Audio Demanda de organizaciones sociales estadounidenses contra el Gobierno Bush ante la Comisión de DDHH de la Comisión Interamericana de la OEA
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