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Nota


Nueva Sesión del Tribunal Internacional sobre Iraq

"Iraq: la guerra, la ocupación y el Derecho Internacional": Conclusiones de Estocolmo

Comité Sueco del Tribunal Internacional sobre Iraq

Estocolmo (Suecia), 14 de noviembre de 2004
IraqSolidaridad (www.nodo50.org/iraq), 15 de diciembre de 2004
Traducción de Paloma Valverde para IraqSolidaridad

"Iraq es todavía esencialmente un país ocupado. La paz, la autodeterminación y la democracia para Iraq requieren que las fuerzas de ocupación abandonen el país y que el pueblo iraquí, por sí mismo y sin interferencias desde el exterior, decida sobre su constitución y su forma de gobierno. Las elecciones que han sido previstas por el régimen instaurado por los poderes ocupantes no cumplen los principios democráticos básicos de autodeterminación y excluyen del proceso político a gran parte del electorado. Su objetivo es únicamente legitimar el control del país y tras ello continuar con la prolongada guerra contra la resistencia que se opone a las tropas extranjeras."

Introducción

Durante los días 13 y 14 de noviembre se ha celebrado una Sesión pública [del Tribunal Internacional sobre Iraq] en Estocolmo. El tema de la Sesión fue "Iraq: la guerra, la ocupación y el Derecho Internacional". Entre los participantes se contó con testigos iraquíes y expertos recién llegados de Bagdad, un grupo de suecos con experiencia en Iraq, prominentes académicos, expertos en Derecho Internacional de diversos países, y trabajadores y publicistas que trabajan por la paz. La Sesión, que fue organizada por el Comité Sueco del Tribunal Internacional sobre Iraq, fue la continuación del amplio movimiento de opinión pública que comenzó en 2003 y que se manifestó por sí mismo en las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en Suecia antes del ataque militar contra Iraq. La Sesión tenía como objetivo tanto dar información y reactivar la movilización de la opinión pública sueca como contribuir a la iniciativa global del Tribunal Internacional sobre Iraq.

Las conclusiones que aquí se presentan son un breve resumen basado en las ponencias, los debates habidos durante las sesiones, la documentación escrita y las convenciones internacionales relevantes junto a los principios del Derecho Internacional.

La guerra, el Derecho Internacional y los poderes políticos globales de EEUU

La guerra contra Iraq, que comenzó el 20 de marzo de 2003 y que fue iniciada y liderada por EEUU, fue una guerra de agresión y como tal una violación de la Carta de Naciones Unidas (NNUU) y del Derecho Internacional vigente. Esto lo puso de manifiesto claramente el Secretario general de NNUU y, entre otros, el gobierno sueco. La guerra debe institucionalizarse como un Crimen contra la Paz, lo que constituye el crimen internacional más grave entre todos y que fue una de las cuatro categorías de Crimen establecida por el Tribunal de Nuremberg en 1946.

El [rechazo al] uso de la fuerza es la piedra angular de la Carta de NNUU y el resultado de siglos de esfuerzos para declararla guerra [un acto] ilegal y eliminarla como un medio para resolver los conflictos internacionales. El gobierno de EEUU, adoptando en el año 2002 una doctrina que conduce a las denominadas guerras preventivas, ha retado abiertamente los principios básicos de la coexistencia pacífica entre los Estados. El fracaso en la contestación de esta doctrina de ataque anunciada oficialmente deja sin significado la Carta de NNUU.

Todos los gobiernos deben en sus relaciones bilaterales y en todos los foros internacionales expresar una vez más su apoyo a la Carta de NNUU, a la total ilegalidad del uso de la fuerza e intensificar sus condenas de la guerra de agresión contra Iraq realizada por EEUU y sus aliados. Ahora, nuevamente, hay que conformar una opinión pública global poderosa, sostenida por los gobiernos y los movimientos populares, contra las doctrinas de guerra para apoyar los principios básicos de la carta de NNUU y, especialmente, la ilegalidad del uso de la fuerza en la relación entre los Estados.

La ocupación de Iraq: el impacto sobre la sociedad

El ataque militar contra Iraq se llevó a cabo con gran brutalidad y tuvo como resultado una tremenda destrucción de la vida y las propiedades. Las potencias ocupantes, liderados por EEUU con total responsabilidad respecto al orden y la seguridad, tienen que asumir las consecuencias de una destrucción a gran escala y del saqueo de los edificios iraquíes que tuvieron lugar durante el periodo inmediatamente posterior al inicio de la ocupación. La magnitud de la destrucción y el costo de la reconstrucción ha sido constantemente minimizado por EEUU.

Los tesoros en Iraq, que son parte de la herencia cultural de la humanidad, han sido destruidos; la educación y el sistema sanitario están en una situación de profunda crisis.
EEUU ha utilizado su posición de ocupante, violando la Convención de La Haya, para dividir, privatizar, reformar y empujar a la economía iraquí a un estado de dependencia que a largo plazo privará al pueblo iraquí de la posibilidad de tomar decisiones económicas y políticas soberanas en su propio interés.

Las decisiones tomadas por los poderes ocupantes que violan los principios de la legalidad internacional no deben y no pueden ser aprobadas por la comunidad mundial de los Estados. EEUU debe cesar todos los requerimientos y dictados que afecten o puedan afectar a la economía y a la estructura social iraquí.

De acuerdo con los principios de la legalidad internacional, que son de obligado cumplimiento para el poder ocupante, la exigencia firme debe ser que EEUU y sus aliados cubran incondicionalmente las indemnizaciones y paguen completamente el coste de la reconstrucción de Iraq tras el daño causado por la guerra y la ocupación.

La ocupación de Iraq: el Derecho Humanitario y los derechos humanos

Las operaciones militares estadounidenses desde el inicio del ataque y el inicio de la ocupación se han llevado a cabo con escandalosa brutalidad y con un absoluto desprecio al Derecho Humanitario, incluidos los artículos aplicables de las Convenciones de Ginebra.

Los bombardeos, los bloqueos y las incursiones militares en las ciudades iraquíes que luchan para preservar su identidad generan indignación. El ataque a la ciudad de Faluya ha causado terribles pérdidas de civiles y cientos de miles han sido evacuados como refugiados. Estas atrocidades tienen que ser firmemente condenadas.

La sistemática tortura en [la cárcel de] Abu Ghraib y en otras cárceles [iraquíes] ha conmocionado al mundo. Esas violaciones y atrocidades han demostrado ser parte de una política deliberada, directamente relacionada con el gobierno de EEUU, del desprecio más absoluto hacia la prohibición de la tortura, una de las más férreas normas del Derecho Internacional. La prohibición de practicar la tortura está explícitamente reflejada en una serie de convenciones y la tortura de los prisioneros de guerra constituye un gravísimo Crimen de Guerra.

La comunidad internacional debe reaccionar con el máximo rigor contra las atrocidades de EEUU en Iraq; de lo contrario la confianza en el conjunto del sistema internacional del derecho humanitario y de los derechos humanos se socava. Todos los Estados firmantes de la Convención de Ginebra tienen la obligación de actuar contra las violaciones de las convenciones. Todas las posibilidades de actuar con la finalidad de investigar y condenar los crímenes cometidos deben intentarse en el marco de la Convención contra la Tortura, las Convenciones sobre Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de NNUU. Esto exige tanto a los Estados como a los movimientos populares actuar rápidamente y de forma decisiva.

¿Autodeterminación y democracia para el pueblo iraquí u ocupación?

Iraq es todavía esencialmente un país ocupado. La paz, la autodeterminación y la democracia para Iraq requiere que las fuerzas de ocupación abandonen el país y que el pueblo iraquí, por sí mismo y sin interferencias desde el exterior, decida sobre su constitución y su forma de gobierno.

Las elecciones que han sido previstas por el régimen instaurado por los poderes ocupantes no cumplen los principios democráticos básicos de autodeterminación y excluyen del proceso político a gran parte del electorado. Su objetivo es únicamente legitimar el control del país y tras ello continuar con la prolongada guerra contra la resistencia que se opone a las tropas extranjeras.

En lugar de aceptar una guerra continuada en Iraq, NNUU y sus Estados miembros deben tomar las medidas para alcanzar una solución política inmediata que incluya la retirada de las fuerzas de ocupación extranjera, negociaciones con la participación de todos los partidos iraquíes, incluyendo [los de] la resistencia, la puesta en marcha de un verdadero proceso de autodeterminación con elecciones democráticas para finalizar el conflicto y crear los cimientos para la paz, la reconciliación y la reconstrucción de Iraq. Este es el modelo de acuerdo al que NNUU ha actuado en otras ocupaciones y conflictos.

Estas conclusiones han sido resumidas por una comisión formada por los siguientes miembros:

Maj Britt Theorin, ex diputado del Parlamento Europeo y ex embajador de Suecia para el Desarme, presidente de la comisión de la Sesión del Tribunal de Estocolmo.
Peter Curman, Presidente del Comité Conjunto Sueco de Profesionales Artistas y Literatos (KLYS).
Stig Gustafsson, ex Presidente de la asesoría jurídica de la Confederación Sueca de Profesionales Asalariados (TCO) y ex diputado del Parlamento sueco.
Silakh Krikeb, presidente de la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Suecia.
Christian Hårleman, presidente de la Fundación Transnacional por la Paz y el Desarrollo.
Vivi Löfstedt, miembro del Comité Sueco del Tribunal Internacional sobre Iraq.
Lars Gunnar Liljestrand, miembro del Comité Sueco del Tribunal Internacional sobre Iraq.
Jan Lönn, miembro del Comité Sueco del Tribunal Internacional sobre Iraq, secretario de la Comisión.

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