Index | Informes 2004-2005

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Informe de 'Human Rights First': "Tras la alambrada" (I)

La extensión y las limitaciones del "Sistema global de detenciones" de EEUU

Michael Posner y Deborah Pearlstein

Human Rights First, 30 de marzo de 2005
IraqSolidaridad (www.nodo50.org/iraq), 7 de abril de 2005
Traducción para IraqSolidaridad de Paloma Valverde

"Como un oficial de la Inteligencia militar estadounidense, ahora de retorno de Afganistán, ha advertido: 'Cuanto más odie a EEUU un detenido, más difícil será obligarle a confesar. Cuanto más odie una población a EEUU, menos probabilidades habrá de que sus ciudadanos denuncien a los sospechosos'. Es más, las encuestas en Iraq sugieren que las prácticas de detención de EEUU han ayudado a galvanizar a la opinión pública en este país contra los esfuerzos estadounidenses allí."

Presentación [1]

Cuando Human Rights First originalmente publicó su informe "El Fin de las Detenciones Secretas" en junio pasado [2004], el Pentágono acababa de iniciar una serie de investigaciones internas relativas a las acusaciones de tortura y abuso contra las autoridades estadounidenses durante las detenciones e interrogatorios llevados a cabo por EEUU. La Autoridad Provisional de la Coalición, establecida por EEUU, mantiene aún entonces el poder en Iraq y el Tribunal Supremo ha juzgado, pero aún no sentenciado, sobre los primeros tres casos más importantes relacionados con el terrorismo. Lo ocurrido en los nueve meses pasados aporta alguna luz sobre las detenciones y los interrogatorios llevados a cabo por EEUU en todo el mundo, y sobre la legalidad de las políticas que los han animado. A casi un año de que la verdad sobre el centro de detenciones de Abu Ghraib saltara a la luz en la comunidad internacional, este informe actualiza nuestra evaluación sobre las operaciones de detención e interrogatorios de EEUU.

Desde el año pasado la Administración estadounidense ha dado pasos significativos en un esfuerzo por normalizar las operaciones de detención más allá de sus fronteras. El mes anterior a la publicación del informe "El fin de las detenciones secretas" y a más de un año de que las operaciones militares estadounidenses comenzaran en Iraq, el Pentágono anunció la creación de una nueva Oficina de Asuntos de Detenidos encargada de corregir los problemas básicos en la gestión de las detenciones y en el tratamiento de los detenidos y para asegurar que los responsables del Departamento de Defensa estén al tanto de las preocupaciones en relación con las detenciones sacadas a la luz por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque los resultados de esta nueva estructura están sin aclarar, sí tiene el potencial de ayudar a llevar la política estadounidense de detenciones a una línea más acorde con la legalidad internacional.

El Pentágono también ha llevado a cabo una serie de importantes investigaciones sobre abusos en detenciones e interrogatorios en Iraq, Afganistán y en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo. Los informes que se han realizado hasta la fecha han contribuido a dejar claro que los fallos en la planificación y en las ambigüedades en la política [de detenciones] han contribuido a la confusión que rodea el sistema global de detenciones de EEUU. La consideración, legalmente sospechosa, hecha al presidente [George W. Bush] de que elementos claves de las Convenciones de Ginebra no necesitaban ser aplicados al conflicto de Afganistán, no fue acompañada de un apoyo a los soldados en relación a qué leyes o procedimientos regirían las detenciones y el tratamiento de los detenidos.

El Departamento de Defensa recurrió además a una serie rotativa de designaciones para describir la situación de los detenidos en Iraq bajo custodia estadounidense, designaciones sin claro referente en la legislación de guerra o la doctrina [jurídica] de EEUU. La planificación de la preguerra de Iraq no incluía un desarrollo adecuado de las operaciones de detención y no existía ninguna agencia centralizada para hacer el seguimiento de los detenidos bajo custodia de EEUU, tal y como requieren las normas militares de acuerdo a las Convenciones de Ginebra. El primer paso para corregir tales fallos es identificar su origen y mientras varias investigaciones siguen su curso y otras han resultado incompletas, a día de hoy los informes han jugado un papel constructivo en este esfuerzo.

Entre los avances positivos quizás lo más importante ha sido la legislación aprobada en el Congreso en octubre de 2004 requiriendo al secretario de Defensa información regular a los comités más relevantes de la Casa de Representantes y el Senado sobre el número y la nacionalidad de los detenidos bajo custodia militar, así como del número de detenidos puestos en libertad durante el período del informe. La ley, que sigue muchas de las recomendaciones del informe original "El fin de las detenciones secretas", exige al secretario [de Defensa] un informe sobre la situación legal de esos detenidos: si están detenidos como prisioneros de guerra, como civiles o como combatientes ilegales [2], e informar si los detenidos, una vez bajo custodia estadounidense, han sido trasladados a otros países. La ley es, en muchos aspectos, declarativa de ya existentes legislación y [práctica] política. Pero la imposición de las fechas límites de cumplimiento (la primera de las cuales será el 28 de julio de 2005) ofrece una oportunidad para el departamento de Defensa de hacer valer sus declaraciones en los meses recientes sobre que esté corrigiendo los fallos políticos y operacionales que se han detectado.

Preguntas sin respuesta

A pesar de que esos avances son bienvenidos, el análisis de los pasados nueve meses no consigue dar respuesta a muchas de las cuestiones más esenciales que planteamos en nuestro informe inicial. ¿Cuántas personas hay bajo custodia estadounidense, militar y de las agencias de inteligencia, relacionadas con la "Guerra global contra el terrorismo" y dónde están? ¿Los "detenidos fantasmas" [3] siguen aún sin derecho a las visitas de la Cruz Roja? ¿Por qué los miembros de las familias no reciben notificación inmediata de que su familiar está detenido, o información sobre su estado de salud y otras cuestiones? Y, más significativo, ¿cuáles son las bases legales para esas detenciones, qué límites existen sobre el poder de EEUU para acotarlo y detenerlo y, qué ocurre si no se consideran los derechos de los detenidos como una cuestión legal?

Mientras evolucionan las misiones [militares estadounidenses] en Iraq y Afganistán, lejos de disminuir su importancia estas preguntas se están volviendo más urgentes de contestar, puesto que las detenciones por parte de EEUU parecen estar incrementándose en duración y extensión. El pasado mes de junio, el Departamento de Defensa manifestó a Human Rights First que había 358 personas bajo custodia estadounidense detenidas en Afganistán. En enero de 2005, el Comando de Fuerzas Combinas en Afganistán informó que el número se situaba alrededor de los 500, un incremento del 40%. Los números en Iraq también están aumentando. EEUU ahora mantiene ocho centros oficiales de detención en Iraq, un cifra menor de los 11 existentes en el cenit de la ocupación, en junio pasado. Sin embargo, en marzo de 2005, el número de detenidos oficialmente bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en Iraq ha aumentado hasta los 8.900 en instalaciones permanentes y a 1.300 en instalaciones transitorias, más del doble del número de detenidos bajo custodia en octubre [4] y un 60% más de lo que el Centro de Información de la Coalición informó hace nueve meses. Además, el Pentágono ha anunciado planes para construir una nueva cárcel por valor de 25 millones de dólares en Bahía de Guantánamo, donde el trasiego de presos continúa, con nuevas llegadas tan recientes como de septiembre de 2004.

Además de estos centros de detención bien conocidos, particular preocupación levantan las conocidas como transitorias, cárceles diseñadas para albergar detenidos solo durante un corto espacio de tiempo, hasta que o bien son puestos en libertad o son trasladado a otro centro permanente. Encuestas realizadas por Human Rights First a presos recién liberados de centros dirigidos por la autoridad estadounidenses en Afganistán y en Iraq, coincidentes con las investigaciones oficiales, revelan condiciones de vida altamente inadecuadas. Muchos de los perores abusos denunciados a los detenidos, incluida la muerte, han ocurrido bajo custodia estadounidense en estos centros, en los que las visitas de Cruz Roja están limitadas. Los presos son algunas veces trasladados de esos centros antes de que la Cruz Roja pueda visitarles y las deterioradas condiciones de seguridad han comprometido la posibilidad de que los inspectores [internacionales] puedan visitarles regularmente o puedan siquiera visitarles. Mientras los responsables militares han manifestado que las detenciones en esos centros ahora se limitan a un máximo de entre 10 y 15 días, el aumento del número de detenidos y las deterioradas condiciones de seguridad harán de este compromiso un enorme reto.

Las consecuencias de la política de detenciones

Finalmente, hemos aprendido mucho sobre las consecuencias de la política de seguridad en las operaciones de detención llevadas a cabo por EEUU. La Administración [estadounidense] ha argumentado que, enfrentada con la amenaza sin precedentes de su seguridad por parte de grupos terroristas de "alcance global", ha tenido que recurrir a las detenciones preventivas y a los interrogatorios de aquellos sospechosos de tener información sobre posibles ataques terroristas. Según los departamentos de Defensa y Justicia, un objetivo prioritario de esas detenciones indefinidas es promover la seguridad nacional utilizando a los detenidos como fuentes para la Inteligencia. Y mientras mucho de lo que ocurre en esos centros de detención se lleva en secreto, algunos agentes de Inteligencia han insistido en que "[...] estamos recogiendo valiosa información casi todos los días".

Pero en los pasado nueve meses han aumentado las evidencias de las adversas consecuencias sobre la seguridad del "Sistema global de detenciones" de EEUU. Tal y como indicaban 13 almirantes y generales (incluido el ex director del la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general John Shalikashvili) en una carta enviada al Comité Judicial del Senado en enero de 2005, la errónea aplicación de EEUU de las Convenciones de Ginebra y de los procedimientos en las operaciones militares han puesto en grave riesgo a nuestras fuerzas, han producido inseguridad y confusión en el campo e batalla, han socavado la misión y han disminuido la moral de nuestras tropas. La ausencia de un sistema centralizado de información para los detenidos ha limitado los esfuerzos de EEUU para obtener información de ellos. Las investigaciones del Pentágono también han señalado esta confusión como un elemento que ha contribuido al aumento de la tortura y de los abusos, ahora evidentes en las operaciones estadounidenses de detención, así como que el uso de esas tácticas ha socavado, en contra de lo indicado, los esfuerzos de Inteligencia y contrainsurgencia.

Como un oficial de la Inteligencia militar estadounidense, ahora de retorno de Afganistán, ha advertido: "Cuanto más odie a EEUU un detenido, más difícil será obligarle a confesar. Cuanto más odie una población a EEUU, menos probabilidades habrá de que sus ciudadanos denuncien a los sospechosos". Es más, las encuestas en Iraq sugieren que las prácticas de detención de EEUU han ayudado a galvanizar a la opinión pública en este país contra los esfuerzos estadounidenses allí. [...]

Informe de 'Human Right First' "Tras la alambrada" (y II)
Los presos bajo control de EEUU en Iraq: indefinición jurídica y opacidad

Notas de IraqSolidaridad:

1. Informe de Human Rights First (antes Lawyers Committee for Human Rights):
"Behind the Wire", de marzo de 2005. IraqSolidaridad presenta en una primera entrega su Introducción y en una segunda, el capítulo dedicado a Iraq: Informe de 'Human Right First' "Tras la alambrada" (y II). Los presos bajo control de EEUU en Iraq: indefinición jurídica y opacidad
2. No convencionales: unlawful, en el original.
3. Véase en IraqSolidaridad:
Joseph Kay: Nuevos documentos confirman la amplitud e implicación de la cúpula militar de EEUU en las torturas a prisioneros iraquíes
4. Cifra ligeramente inferior a la indicada recientemente por un portavoz militar de EEUU en Iraq. Véase en IraqSolidaridad:
Matt Kelley: El número de prisioneros iraquíes alcanza los 10.500, según el Pentágono

English"Behind the Wire"

English Human Rights First

Informe de 'Human Right First' "Tras la alambrada" (y II). Los presos bajo control de EEUU en Iraq: indefinición jurídica y opacidad

Matt Kelley: El número de prisioneros iraquíes alcanza los 10.500, según el Pentágono

Joseph Kay: Nuevos documentos confirman la amplitud e implicación de la cúpula militar de EEUU en las torturas a prisioneros iraquíes

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