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Desde el comienzo de la ocupación, han muerto decenas de iraquíes bajo detención Malos tratos y torturas a prisioneros Informe de ‘Global Policy Forum’ (IV) *
Global
Policy Forum
(www.globalpolicy.org),
marzo de 2007 “Al parecer, los mandos militares estadounidenses han subcontratado la tortura a los iraquíes en un intento de alejar de sí los vergonzosos malos tratos para poder negarlos. Existen pruebas abundantes que vienen a demostrar que el personal estadounidense está presente en los interrogatorios humillantes que tienen lugar en las cárceles iraquíes y puede estar implicado en su dirección.”
En la primavera y el verano de 2003, a medida que la resistencia iraquí se hacía más fuerte, Washington y Londres iniciaron métodos de detención y de interrogatorio cada vez más agresivos. A pesar de que las investigaciones oficiales demostraron graves maltratos a los detenidos iraquíes [1], a finales del verano el alto mando en Bagdad envió correos electrónicos a los interrogadores militares estadounidenses en los que se les decía que “[…] se acabaron las contemplaciones” y se les pedían “[...] listas de sugerencias” para métodos interrogatorios más duros [2]. Al mismo tiempo, el Pentágono envió al general Geoffrey Miller, director de la prisión de Guantánamo, para que asesorase a las fuerzas de ocupación sobre tácticas de interrogatorio más agresivas [3]. Miller propuso innovaciones tales como el uso de fieros perros guardianes para atemorizar a los presos desnudos [4]. En el otoño de 2003, en respuesta a la creciente preocupación pública mundial, los militares estadounidenses encargaron varias investigaciones que proporcionaron un gran número de pruebas sobre malos tratos y torturas a los detenidos [5]. Informes secretos de la Cruz Roja aportaron pruebas similares [6]. En marzo de 2004, el general Antonio Taguba presentó un informe acreditado en el que concluía que los guardas estadounidenses habían sometido a los detenidos iraquíes a “[…] numerosos casos de maltrato criminal de carácter sádico, infame y gratuitamente cruel” [7]. El informe seguía describiendo estos malos tratos como “[…] actos atroces y graves violaciones de la legislación internacional” [8]. El general Taguba llegaba a la conclusión de que las recomendaciones del general Miller eran inapropiadas y favorecían el uso excesivo de la fuerza en los interrogatorios [9]. Como se empezaron a filtrar al público noticias (y fotos) de las torturas, el Pentágono retiró del cargo a la generala Janis Karpinski, jefa de los guardias de la Policía Militar en [la cárcel de] Abu Ghraib y, posteriormente, nombró como nuevo jefe de operaciones con prisioneros para todo Iraq al mismísimo general Geoffrey Miller, precisamente la persona considerada por muchos como el artífice de las peores ilegalidades. Detalles del sistema de torturas Los informes han revelado actos llevados a cabo por los guardias e interrogadores de la Coalición [de fuerzas de países ocupantes] que incluían golpes atroces, estrangulaciones y ahogamientos, el obligar a [los presos a] desnudarse y otras formas de humillación, amenazas con perros y exposición prolongada a un frío o calor intenso [10]. Los informes también han detallado el encapuchamiento, la prohibición de dormir, el colgarlos por los brazos, el llegar casi a ahogarlos, el abuso sexual, la escasez de comida y agua, el quemarlos, el uso de instrumentos puntiagudos y desafilados, la exposición a ruidos insoportables, las amenazas de muerte, el golpearlos con porras y alambres, el someterlos a prolongadas posturas en tensión, las descargas eléctricas, etc. [11]. Los informes del Pentágono han descrito, incluso, la tortura sin tapujos, con un detalle atroz y sin ambigüedad [12]. Los malos tratos en la prisión de Abu Ghraib, a las afueras de Bagdad —controlada por las fuerzas de EEUU—, son conocidos en el mundo entero. Pero el personal de la Coalición ha maltratado y torturado a los prisioneros en muchos otros sitios, entre ellos en: - Las prisiones centrales, como los Campos Cropper [del Aeropuerto Internacional de Bagdad, donde se hayan los máximos dirigentes del anterior régimen y dirigentes de la resistencia], Bucca y Shuaiba, [ambas] cerca de Basora, ésta última instalación de Reino Unido. - Los centros secretos de interrogación, como Campo Nama cerca de Bagdad [13] y Campo Diamonback en el aeropuerto de Mosul [14]. - Los campos de prisión improvisados. - Los centros de detención de [rango de] División y [de] Brigada. - Las bases operativas de avanzadilla, como Tigre en al-Qaim [15] y Mercurio en Faluya [16] [ciudades ambas en la provincia de al-Anbar]. - Los lugares de apresamiento [17]. Cientos de miembros pertenecientes al personal estadounidense han maltratado y torturado a prisioneros en Iraq [18]. Las fuerzas de Reino Unido y Holanda también se han visto implicadas [19]. Personal militar regular y unidades de guardias de la policía militar han aparecido muy a menudo en la prensa, en informes oficiales y en los tribunales militares. Prácticamente todos los que estuvieron en el punto de mira durante el escándalo de Abu Ghraib eran reservistas del ejército de EEUU, miembros de la Brigada 800º de la Policía Militar. Pero ese punto de mira era erróneo, [ya que] menos visibles pero implicados de forma mucho más sistemática en las prácticas de malos tratos está el personal de la inteligencia militar, el personal de operaciones especiales (los rangers del Ejército estadounidense, los seals de la Marina estadounidense, los Servicios Aéreos Especiales británicos, SAS, etc.), el personal de la CIA y de otros servicios policiales y de inteligencia (en particular, el personal de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el FBI y el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, a veces conocido como M16) [20]. En Abu Ghraib, la inteligencia militar (y la CIA) controlaban los bloques de celdas 1A y 1B, los edificios de la prisión donde se produjeron las torturas [21]. Se sabe que la inteligencia militar presionó a los guardias de la Policía Militar para que “establecieran las condiciones” para los interrogatorios [22] (es decir, prepararan mediante malos tratos a los detenidos). El famoso Campo Nama, otro de los grandes centros de interrogatorio, tenía entre su personal clave [al personal de] operaciones especiales, de inteligencia militar y de la CIA [23]. Otros involucrados en malos tratos y torturas son el personal médico militar, incluidos los médicos, quienes han ayudado a diseñar, a dar el visto bueno y a controlar los interrogatorios humillantes, así como a archivar informes médicos falsos, que incluyen certificados de defunción falsos [24], y personal contratista militar privado, incluidos los que trabajan para Titan y CACI Internacional, contratados para realizar tareas de vigilancia, traducción o servicios de interrogatorio [25]. Sólo CACI contrató a casi la mitad de los interrogadores y analistas de Abu Ghraib durante el periodo del escándalo [26]. Parte de este personal había trabajado antes en cárceles estadounidenses, donde ya tenían antecedentes de malos tratos con prisioneros [27].
La tortura y los malos tratos continúan La opinión pública mundial empezó a conocer los detalles del escándalo de la tortura en Iraq en abril de 2004. Durante la primavera y el verano, los responsables estadounidenses aseguraron a la opinión pública que los malos tratos cesarían, [y] que ésa no era la política oficial [28]. Pero la tortura y los malos tratos evidentemente han continuado. Aunque aparentemente el maltrato en Abu Ghraib y en otros centros de detención importantes disminuyó, los malos tratos continuaron en los centros secretos de interrogatorio, en las bases operativas de avanzadilla y en las cárceles militares locales —especialmente en las instalaciones dirigidas por iraquíes— [29]. De forma regular han salido a la luz casos graves [de malos tratos] y Gianni Magazzeni, director de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NNUU) en Bagdad, informó a Associated Press en abril de 2006 de que los casos de tortura y ejecuciones sumarias “[…] ocurrían todos los días” [30]. Un informe de marzo de 2006 de Amnistía Internacional aporta pruebas de algunos de los casos más espeluznantes [producidos] bastante tiempo después de las promesas oficiales de reformas. En uno de los casos, siete soldados estadounidenses fueron condenados por un tribunal militar a consecuencia de un hecho ocurrido en marzo de 2005 en el que éstos usaron descargas eléctricas con detenidos iraquíes en un centro cercano a Bagdad [31]. En otro de los casos, cinco soldados también fueron condenados en relación con un hecho acaecido en septiembre de 2005 por los violentos puñetazos y patadas propiciados a detenidos [32]. Amnistía Internacional también obtuvo una foto, de octubre de 2005, de un detenido en una dañina “silla de fuerza” en Abu Ghraib, una silla que, según manifestaron las autoridades, se estaba usando como “castigo”. Amnistía Internacional aseguró que dicha silla suponía un alto riesgo para la salud, era tremendamente humillante y absolutamente contraria al derecho internacional [33]. Aún más alarmantes son los recientes informes sobre el asesinato de detenidos iraquíes (véase más adelante). Los ‘gulags’ secretos amparan la tortura El extremadamente limitado contacto de los detenidos con sus abogados, sus familias e incluso con [el comité Internacional de] la Cruz Roja significa que hay miles de iraquíes a merced de sus capturadores, sin ningún control independiente. La total carencia de visitas de los grupos de Derechos Humanos y de expertos de NNUU dibuja la situación, así como la ausencia de investigadores penales militares, en algunos centros muy restringidos [34]. De esta forma, amparados en la inexistencia de control independiente y en [el hecho de] no tener que dar cuentas, especialmente en los centros situados en el campo [alejados de las ciudades], soldados y oficiales irritados y hartos de los combates han inflingido graves malos tratos a los detenidos, como también lo han hecho la CIA y los interrogadores de la inteligencia militar. En los numerosos centros de interrogatorio situados en el campo, tanto el personal británico, como los especialistas en interrogatorio del SAS, se han visto implicado en actos degradantes [35]. Las entrevistas realizadas por Human Rights Watch a veteranos del ejército estadounidense han revelado que algunos soldados u oficiales que intentaron plantear preguntas o quejarse, preocupados [por los malos tratos], fueron presionados por oficiales de rango superior o incluso por abogados militares de la oficina de la fiscalía militar para que guardaran silencio [36]. A los dubitativos soldados se les aseguró que los mandos aprobaban los métodos de los interrogatorios y [que] eran perfectamente legales [37]. Incluso los oficiales que ponían en duda la legalidad de sus actuaciones comprobaron que era casi imposible obtener respuestas satisfactorias de la cadena de mando y a un oficial se le recordó el “honor de la unidad” como una razón para mantenerse en silencio [38]. Las entrevistas han dado a conocer que los soldados que trabajaban en los centros de detención especial tuvieron limitada la comunicación con el mundo exterior. Informaron que no conocían los apellidos de los otros compañeros que prestaban servicio con ellos y que no tenían contacto con investigadores de la justicia militar [39]. En Campo Nama, los mandos aseguraron al personal de interrogatorios que no habría visitas de la Cruz Roja ni tampoco de los investigadores militares de lo penal [40]. El lugar se mantuvo en secreto e incluso el nombre secreto se cambiaba regularmente [41]. Muertes durante la detención Se han producido muchas muertes en las detenciones llevadas a cabo por EEUU o Reino Unido en Iraq, defunciones debidas a torturas, malos tratos o asesinatos. Un informe de 2006, Human Rights First (HRF) estudió un gran número de pruebas sobre los detenidos que habían muerto bajo custodia estadounidense en Iraq y Afganistán, en algunos casos durante los interrogatorios o poco después. En el informe queda demostrado que desde el comienzo de la ocupación de Iraq hasta principios de 2006 se han producido decenas de muertes de prisioneros. Aunque oficialmente el ejército [de EEUU] atribuye la mayoría de estas muertes a “causas naturales” o a “causas desconocidas”, expertos médicos independientes dudan de tales conclusiones, teniendo en cuenta la edad de la mayoría de los detenidos y las circunstancias de su detención. HRF cree que en torno a la mitad de los casos que investigó se pueden atribuir, sin lugar a dudas, a homicidios, malos tratos, violaciones o torturas [42]. Los casos de Reino Unido incluyen cuatro que Amnistía Internacional identificó a finales de 2004 como resultado probablemente de tortura o maltrato [43]. La muerte más común durante la detención ha sido seguramente el asesinato de prisioneros durante protestas, motines, intentos de fuga y otros acontecimientos. Aparentemente, en tales circunstancias los guardias fueron muy rápidos en aplicar “fuerza letal” y los informes oficiales indican que los guardias han matado a tiros a decenas de prisioneros y herido a muchos más [44]. También mueren detenidos en circunstancias que parecen ser actos de venganza. Hay dos casos bien conocidos, uno perpetrado por las tropas de EEUU y otro por las tropas de Reino Unido, en los que quienes estaban encargados de los detenidos iraquíes los tiraron al río o a canales desde puentes o altos diques, causándoles la muerte por ahogo [45]. En un caso ocurrido en noviembre de 2003, ampliamente difundido y posteriormente llevado ante un tribunal militar, los interrogadores estadounidenses utilizaron el mango de un mazo de hierro para golpear [al detenido] con el fin de “ir aumentando la presión” durante el interrogatorio del general de división iraquí Abed Hamid Mouhush en la base operativa de avanzadilla Tigre, en al-Qaim, cerca de la frontera siria [46]. Finalmente, Mouhush fue trasladado al “Hotel del Herrero”, unas instalaciones improvisadas en el desierto. Allí, el suboficial Lewis Welshofer metió primero la cabeza de Mouhush en un saco de dormir, envolvió el saco con un cable eléctrico, se sentó encima de su pecho y le tapó la boca y la nariz con resultado de muerte. Aunque los militares emitieron inmediatamente un informe atribuyendo la muerte de Mouhush a “causas naturales”, la autopsia indicó que Mouhush murió por asfixia debido al ahogamiento y a la compresión del pecho, mientras sufría enormes magulladuras y le rompían cinco costillas [47]. La investigación concluyó que los abominables métodos de interrogatorio habían sido aprobados por Jessica Voss, comandante de la compañía, y que se habían utilizado con, al menos, otros 12 prisioneros [48]. Un tenebroso grupo iraquí organizado por la CIA, llamado los Escorpiones, estuvo implicado en los hechos [49]. El 23 de julio de 2006, el periódico The New York Times informó que sólo en el mes anterior [junio de 2006] 16 militares estadounidenses habían sido acusados por los asesinatos cometidos contra iraquíes durante su detención [50]. El 9 de mayo de 2006, tres soldados estadounidenses mataron por disparos a tres detenidos iraquíes, después de haberlos dejado escapar para hacer ver que las muertes estaban justificadas. Finalmente, el ejército presentó acusaciones de homicidio contra cuatro hombres, un sargento y otros tres de menor rango; uno de los acusados se confesó culpable y fue sentenciado a 18 años de cárcel [51]. No obstante, el caso ha puesto en evidencia algo mucho más perturbador. Los soldados testificaron que dos oficiales de alto rango dieron la orden de “matar a todos los varones en edad militar” que se encontraran, información que los propios oficiales corroboraron. En este contexto, los soldados entendieron que los detenidos tenían que ser ejecutados sumariamente [52].
Torturas y malos tratos perpetrados por las autoridades iraquíes El gobierno y las fuerzas de seguridad iraquíes, bajo la entera autoridad de los mandos militares estadounidenses, han desempeñado un papel más activo en las detenciones e interrogatorios, especialmente desde la “transferencia de poderes” a mediados de 2004. Los informes han documentado extremados malos tratos y torturas en las instalaciones bajo su control, así como malos tratos por parte de las fuerzas paramilitares bajo control del gobierno [53]. Las torturas iraquíes incluyen quemaduras, agresiones sexuales y el uso de descargas eléctricas en delicados tejidos del cuerpo [54]. Amnistía Internacional declara en un informe de 2006 que, al pasar los interrogatorios a las autoridades iraquíes, “[…] la fuerza multinacional parece haber sido extremadamente negligente o realmente cómplice en los malos tratos cometidos por las fuerzas del gobierno iraquí” [55]. Al parecer, los mandos militares estadounidenses han subcontratado la tortura a los iraquíes en un intento de alejar de sí los vergonzosos malos tratos para poder negarlos. Existen pruebas abundantes que vienen a demostrar que el personal estadounidense está presente en los interrogatorios humillantes que tienen lugar en las cárceles iraquíes y puede estar implicado en su dirección. Por ejemplo, un general iraquí, antiguo comandante de las fuerzas especiales del ministerio del Interior, dijo a Amnistía [Internacional] que miembros de las fuerzas estadounidenses visitaban “[…] a diario” la principal prisión del ministerio, en la plaza al-Naser, y que “[…] las tropas estadounidenses lo sabían todo sobre las torturas” [56]. Es más, el servicio de inteligencia iraquí está bajo el control operativo directo de la CIA. En noviembre de 2005, en respuesta a los informes de torturas llevadas a cabo por las autoridades iraquíes con la presencia de personal militar estadounidense, Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de EEUU, comentó que los soldados estadounidenses no estaban obligados a intervenir cuando presenciaban el trato inhumano de los detenidos [57]. Desde que las fuerzas iraquíes operan casi exclusivamente bajo las órdenes estadounidenses, es probable que el personal militar y de inteligencia estadounidense presente en las cámaras de tortura iraquíes sea mucho más que simples visitantes inocentes y sorprendidos. En el verano de 2005, el periódico [británico] The Observer informó de que el dinero en concepto de ayuda de EEUU y el Reino Unido, previsto para financiar la creación de una fuerza policial regular iraquí, “[…] se estaba desviando a unidades de comandos paramilitares acusadas de extender las violaciones de los derechos humanos, entre ellas la tortura y los asesinatos extrajudiciales” [58]. A finales de 2005, salieron a la luz nuevas pruebas de que fuerzas del ministerio de Interior iraquí estaban sometiendo a los detenidos a tremendas torturas y malos tratos en varias instalaciones bajo su control. Según los informes, la Brigada Lobo y los comandos especiales de la policía, ambas unidades del ministerio del Interior entrenadas y armadas por EEUU, han incurrido especialmente en malos tratos e ilegalidades [59]. El 13 de noviembre de 2005 se descubrió que un centro de detención del ministerio del Interior, [ubicado] en el barrio al-Jadiriya de Bagdad, albergaba a más de 170 detenidos en pésimas condiciones y, al parecer, muchos habían sido torturados [60]. El 8 de diciembre de 2005 salió a la luz otro centro de detención en Bagdad, también controlado por el ministerio del Interior. Varios de los 625 detenidos que se encontraban allí requirieron atención médica inmediata consecuencia de la tortura o los malos tratos recibidos [61]. Zalmay Jalilzad, [anterior] embajador de EEUU en Iraq, admitió que “[…] más de cien” detenidos hallados en el centro de detención de al-Jadiriya y 26 detenidos procedentes de otros centros habían sufrido malos tratos [62]. Según informaron los medios de comunicación, en ambos casos los detenidos manifestaron que habían sido sometidos a descargas eléctricas y a algunos les habían arrancado las uñas [63]. Imposibilidad de juzgar a los culpables Los miembros de la Coalición gozan de inmunidad y no se les puede juzgar por la legislación iraquí ni civil ni penal, tal como establece la resolución 1546 del Consejo de Seguridad [de NNUU], de modo que la única jurisdicción posible para su procesamiento son los tribunales nacionales de los [países] miembros de la Coalición. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por que este acuerdo legal “[…] puede no ajustarse a los baremos internacionales de imparcialidad” [64]. Los gobiernos de EEUU y Reino Unido han respondido a los informes sobre la práctica de torturas y los malos tratos con muchas investigaciones oficiales de delitos de poca gravedad, y firmes negativas de responsabilidad de alto nivel. Se ha juzgado a escasos culpables, se han dictado sentencias leves y los oficiales y mandos de alto rango han eludido sus responsabilidades [65]. Según un informe concluyente de derechos humanos, de unos 600 militares claramente implicados en torturas y malos tratos a detenidos en Iraq, Afganistán y Guantánamo, se ha sabido que sólo se eligieron a 79 para un posible consejo de guerra y, al parecer, sólo 64 fueron realmente juzgados por esos tribunales, concretamente el 10 de abril de 2006 [66]. De estos, únicamente diez fueron sentenciados a más de un año de prisión. Incluso en el caso gravísimo de muertes de detenidos, sólo se ha castigado a un puñado de los implicados, siendo la mayoría de las sentencias muy leves y la graduación más alta enjuiciada la de comandante [67]. El informe describe un “[...] modelo de impunidad para las peores violaciones, con castigos muy pequeños y tardíos por el mal comportamiento, y un cuadro todavía incompleto de lo que realmente fue inmoral” [68]. En el juicio del suboficial en jefe Welshofer, responsable de la muerte del general Mouhush con el saco de dormir, la sentencia se redujo a una multa de 6.000 dólares y 60 días de movimientos restringidos entre su casa, la base y la iglesia [69]. La defensa de Welshofer señaló las políticas del gobierno Bush y de la cadena militar de mando para argumentar que él actuaba bajo órdenes [70], pero no se presentaron más cargos. El personal de la CIA y de las fuerzas especiales implicado en los interrogatorios evidentemente eludió por completo toda responsabilidad [71]. Si bien la CIA, el M16 [británico], el FBI, las fuerzas especiales y la inteligencia militar han estado extremadamente implicadas en las operaciones de detención e interrogatorios en Iraq, la División de Investigación Penal del Ejército no ha gozado de autoridad para investigarlos [72]. Se dice que los supuestos delitos de las fuerzas especiales han sido investigados por sus mandos y que la causa legal (si llega a haber alguna) permanece en secreto [73]. La CIA ha mantenido todos los casos bajo secreto y, a pesar de la frecuente participación de la CIA, parece ser que el ministerio de Justicia [de EEUU] no ha procesado ni a uno solo de los empleados de la CIA [74]. Aunque en junio de 2004 se creó un equipo de fiscales en Virginia, al final, en la mayoría de los sumarios, dictaminó contra la presentación de acusaciones (sólo unos pocos sumarios siguen abiertos), porque faltaban pruebas y testigos, debido a lo que un informe de derechos humanos calificaba de “poca acción” y “mínima iniciativa” en la investigación, así como por los métodos operativos herméticos de la agencia [CIA] [75]. Lo mismo sucede con el personal militar de interrogatorios. En julio de 2006, Human Rights Watch informó que no se había presentado ni un solo caso judicial contra el personal militar de interrogatorios, sea cual fuere el rango [76]. Allí donde el ejército ha enjuiciado a oficiales responsables de torturas y malos tratos, los procesamientos han ido dirigidos, en la mayoría de los casos, sólo contra oficiales de bajo rango y se ha recurrido a audiencias administrativas a puerta cerrada para imponer ligeros castigos administrativos, tales como reducciones de sueldo y reprimendas [77]. Todas las investigaciones oficiales se han dirigido a los escalafones inferiores, principalmente hacia los culpables de bajo rango. No se han producido intentos serios por investigar las responsabilidades de las altas esferas en la cadena de mando [78]. La impunidad de los altos cargos militares y de los responsables políticos Los oficiales estadounidenses han seguido manteniendo que la tortura y los malos tratos únicamente han ocurrido en casos aislados, a manos de unas pocas “manzanas podridas”. Pero hay pruebas claras que demuestran que altos responsables y mandos militares eliminaron las restricciones en materia de torturas y denegaron la aplicación del Derecho Internacional, estableciendo así el escenario para los malos tratos en las prisiones iraquíes. En febrero de 2002, el presidente de EEUU George W. Bush promulgó un memorando que rechazaba las obligaciones de EEUU en el marco de las Convenciones de Ginebra para con los detenidos durante la “guerra contra el terrorismo” [79]. Los máximos asesores legales de la Casa Blanca han definido a estos detenidos utilizando nuevos términos tales como “combatientes ilegales” y “detenidos por [motivos] de seguridad” en lugar de “prisioneros de guerra”, en un intento de dejarlos al márgen de la protección del derecho nacional e internacional. Los asesores legales de la Casa Blanca han redefinido el significado de la tortura con el rechazo del significado tradicional del Derecho Internacional; han limitado los actos que consideran torturas y han reducido considerablemente los criterios para definir quién es un torturador [80]. Los altos mandos militares [estadounidenses] también han promulgado nuevas directivas para [poner en práctica] formas de interrogatorio más extremas y métodos más duros de abordar el interrogatorio [81]. Los malos tratos cometidos en Iraq formaban parte de un modelo a escala mundial iniciado en Afganistán y Guantánamo y que se continuó en los programas de “rendición extraordinaria” y en prisiones secretas de EEUU [82]. Cuando la información sobre la tortura se hizo saber a quienes ostentaban responsabilidades de mando, [éstos] no hicieron nada. El general Taguba hablaba de “malos tratos gratuitos”, pero la generala Bárbara Fast, jefa de la inteligencia militar, permaneció en su puesto sin castigo y, posteriormente, fue nombrada jefa del Centro de Inteligencia del Ejército —la escuela de entrenamiento para el personal de la inteligencia militar—. Y mientras los altos cargos destituían a la general Janis Karpinski, jefa de la unidad de guardias de Abu Ghraib [83], ellos mismos procedían a nombrar al general Geoffrey Miller, el famoso jefe de Guantánamo, como el nuevo jefe de detención en todo Iraq. Para desviar la responsabilidad de quienes ostentan altos cargos, los informes oficiales hablaron de errores en la puesta en práctica de la política [de prisiones]. Estos informes refirieron “[...] entrenamientos impropios” [84], “[...] confusión o ignorancia sobre las normas” [85], “[...] falta de una adecuada supervisión” [86], “[...] rivalidad entre los interrogadores y las unidades de policía militar” [87] y cosas por el estilo. El Informe Schlesinger, el de mayor nivel del Pentágono, publicado en agosto de 2004, es un clásico caso de ocultación [88]. Desde entonces, algunos oficiales militares de alto rango con responsabilidad directa en las torturas han sido, de hecho, elogiados, promovidos y han recibido honores. El general Miller, el principal artífice de los interrogatorios estadounidenses en Iraq, fue honrado el día de su retiro con una ceremonia en el Pabellón de Héroes del Pentágono, donde se le concedió la medalla al mérito en el servicio por su “[...] trabajo excepcionalmente encomiable en un puesto de gran responsabilidad” [89]. Según la doctrina de la “responsabilidad del mando” de la legislación internacional aplicada por EEUU en los juicios por Crímenes de Guerra tras la Segunda Guerra Mundial, a los altos responsables y a los mandos [militares] se les debe considerar responsables de las violaciones graves del derecho internacional, incluso aunque no dieran órdenes directas para que tales violaciones tuvieran lugar. Según esta doctrina, las autoridades de EEUU y Reino Unido en sus niveles más altos son claramente responsables de estos delitos [90]. Conclusión La Declaración Universal de los Derechos Humanos declara inequívocamente: “Nadie debe ser sometido a tortura o a trato o castigo cruel, inhumano o degradante”. La misma protección está garantizada por otros importantes acuerdos legales internacionales, entre ellos el Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, las Convenciones de La Haya y las Convenciones de Ginebra. Los argumentos legales esgrimidos por altos responsables de EEUU y Reino Unido han pretendido socavar la prohibición absoluta sobre la tortura, pero la abrumadora opinión de la humanidad sigue oponiéndose a la tortura en cualquier circunstancia. El general estadounidense Antonio Taguba estuvo acertado al denunciar los hechos de Abu Ghraib y afirmar que eran “[...] graves violaciones de la legalidad internacional”. Los responsables que están en los más altos puestos, cuyas decisiones condujeron a estos actos, no pueden eludir su responsabilidad moral y legal.
Notas de los autores y de IraqSolidaridad:
1. “CID
Report and Investigation – Camp Bucca”, Junio de 2003 [Informe Bucca].
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Texto original en inglés en: http://www.globalpolicy.org Michael Posner y Deborah Pearlstein: Informe de 'Human Rights First': "Tras la alambrada" (I) La extensión y las limitaciones del "Sistema global de detenciones" de EEUU* Cuarta parte del informe de marzo de 2007 “War and Occupation in Iraq” (http://www.globalpolicy.org), elaborado por ‘Global Policy Forum’ como balance de los cuatro primeros años de ocupación de Iraq, y que IraqSolidaridad está editando en castellano en sucesivas entregas, las dos primeras de ellas: Informe de ‘Global Policy Forum’ (I): Las bases de EEUU en Iraq y la nueva embajada en Bagdad Informe de ‘Global Policy Forum’ (II): Uso de armas indiscriminadas y especialmente dañinas en Iraq Informe de 'Global Policy Forum' (III): Detenciones y cárceles: Absoluta indenfensión de los presos
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