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Iraq:
“El acuerdo de seguridad sobre la retirada de tropas estadounidenses”,
un contrato de permanencia
Pedro Rojo* “Con la entrada en vigor de este acuerdo se mantendrá el status quo actual, es decir, el control y la impunidad militar estadounidense sobre el terreno y el sometimiento, la corrupción y el sectarismo de la actual clase política iraquí, pero sin necesidad ya de acudir a Naciones Unidas y con el discurso de que se trata de una presencia tolerada y hasta solicitada por los iraquíes”. La necesidad de un nuevo marco
para la ocupación.
La evolución de la situación
iraquí por derroteros no previstos por el gobierno estadounidense ha
obligado a replantearse el marco de su presencia en Iraq. La constante
presión de la resistencia iraquí y la falta de apoyo popular entre la
sociedad iraquí, ha
obligado a los estadounidenses a retirarse, de forma significativa, a
sus bases fortificadas, lo que implica una notable la reducción de sus
acciones y patrullas en campo abierto.
La cobertura teórica, en la
que hasta ahora se ha sustentado la ocupación, podría seguir siendo la
misma, pues la situación no parece haber cambiado. El 18 de diciembre
de 2007, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas determinó que “[...] la situación en el Iraq sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”
y, en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, legitimó
la presencia de tropas extranjeras en territorio iraquí (Resolución
1790) [1].
A día de hoy, nada ha cambiado significativamente en Iraq para
que lo que lo que en diciembre de 2007
era una amenaza para la paz y seguridad internacionales, deje de serlo
hoy. Pero teniendo en cuenta que ninguna de las razones que esgrimió
Estados Unidos para intentar justificar su invasión de Iraq tenían
veracidad (armas de destrucción masiva y vinculación del régimen
iraquí con Al Qaeda), queda por saber en qué consistía la citada
amenaza para la paz y la seguridad internacionales que ha justificado
los primeros cinco años de ocupación. En cualquier caso, parece
claro que ni al gobierno estadounidense ni al iraquí les convenía
seguir manteniendo la farsa de la amenaza internacional y así, el 26 de
noviembre de 2007, George
Bush y Nuri al-Maliki firmaron la Declaración de Principios para una Relación a Largo Plazo de
Cooperación y Amistad [2], en cuya
sección 3ª queda estipulado que el mandato de Naciones Unidas no debería
extenderse más allá del 31 de enero de 2008. En aquel momento ya se escucharon voces augurando el final de la ocupación
estadounidense para esa fecha. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué
significa este nuevo acuerdo? En primer
lugar, la ocupación militar estadounidense de Iraq deja de estar bajo
el amparo de la resolución de Naciones Unidas y pasa a estar inscrita
en el laxo marco de este acuerdo, con el que se pretende dotar de
legitimidad a una ocupación ilegal y sangrienta, y todo ello con la única
pretensión de justificar la presencia
estadounidense allí, cuando en realidad, según Nizar Samerrai, analista iraquí y miembro
del Centro de Estudios Estratégicos Iraquíes [3], “[...]
significará más saqueo estadounidense, más destrucción, no tiene
ningún aspecto positivo para Iraq [...]”. El
rechazo al acuerdo es categórico por parte de todas las fuerzas
contrarias a la ocupación, que lo describen como una continuación de
la ocupación y una claudicación de la clase política colaboracionista:
“[...] El Consejo Político de la Resistencia Iraquí rechaza este
acuerdo ilegal, así como todos los acuerdos surgidos, a la sombra de la
ocupación, de mano de un gobierno que no es más que un producto del
ocupante y no representa la voluntad popular de nuestro paciente pueblo.
Este gobierno no ostenta la potestad de ratificar ningún acuerdo o
sellar ningún pacto, por lo tanto lo que emane de él es nulo y no lo
reconocemos” [4]. En una carta abierta al pueblo iraquí, la
Asociación de Ulemas Musulmanes de Iraq afirma: “[...] Somos
conscientes de que la ocupación va a continuar, por lo que es lógico y
natural pensar que la resistencia continuará su lucha, los hechos históricos
así lo atestiguan. Esto significa que Iraq no conocerá la tranquilidad,
que la hemorragia no se detendrá, que los estadounidenses seguirán
bombardeando y llevando a cabo saqueos y detenciones, con la excusa de
que luchan contra personas que se encuentran al margen de la ley.
Viviremos estos próximos años como los pasados” [5]. Los políticos
y analistas que han seguido el desarrollo de las negociaciones desde la
primera versión del acuerdo aseguran que los estadounidenses
propusieron borradores flexibles ‘en cantidades ingentes’
para permitir a los distintos sectores iraquíes justificar sus posturas
y su capacidad de reformar el acuerdo. Los analistas aseguran que la
Casa Blanca sabía con certeza que el acuerdo se iba a aprobar, a pesar
de que en los últimos meses se llegara a decir que era imposible a
tenor de las exigencias de ambas partes. Una fuente iraquí asegura que
“[...] el acuerdo ha discurrido por dos vías de negociación
paralelas. Una de ellas era la oficial y pública entre los dos negociadores –los gobiernos iraquí y estadounidense–,
mientras la otra se producía entre la embajada estadounidense en Bagdad
y los representantes de los tres sectores políticos, y se centró en
los propios beneficios de cada sector”.
Para Abu Mohamed, portavoz político
del resistente Frente Yihad y Liberación, “[...]
El Acuerdo de Seguridad no es nada más que una decisión estadounidense;
no es un acuerdo entre dos partes iguales, entre dos Estados
independientes. Por una parte tenemos un país ocupado con un
gobierno fruto de esta ocupación y, por otra, la ocupación en sí. Se
trata, por tanto, de una negociación endógena:
la ocupación negocia consigo misma. Las
supuestas discusiones, los cambios exigidos aquí y allá no son más
que maniobras de distracción para dar un halo de democracia a este
acuerdo, para poder decir al mundo que el gobierno iraquí es soberano y
tiene capacidad decisoria y de negociación. Sin embargo, la realidad es
bien distinta: los
políticos del gobierno iraquí son funcionarios
colaboracionistas con la ocupación, con los estadounidenses en
definitiva, porque son éstos quienes los han nombrado en sus cargos
para gobernar Iraq” [6]. La
esperpéntica votación del pasado día 27 de noviembre, en la que el
presidente del Parlamento iraquí se esforzaba por contar los votos a
favor (148 votos de los 198 diputados presentes en la cámara –de un
total de los 275 escaños del Parlamento iraquí–, es decir una exigua
mayoría del 53,8%) mientras que los diputados del bloque de Al-Sáder
no dejaban de vociferar en pie, al tiempo que golpeaban las mesas, fue
la culminación de un despropósito de cancelaciones y aplazamientos
impuestos por los grupos parlamentarios que seguían negociando las
astronómicas cantidades y prebendas que recibirán de EEUU a cambio de
su voto positivo: “[...] Con la firma de la Presidencia del Acuerdo de
Seguridad con Estados Unidos se ha cerrado el balance de pérdidas y
ganancias decantado claramente del lado de los tres sectores que
representan la nueva capa política gobernante de Iraq: la Alianza
[Unida] chií, el Pacto kurdo y el [Frente del] Acuerdo sunní” [7].
Con la entrada en vigor de
este acuerdo se mantendrá el status quo actual, es decir, el control y
la impunidad militar estadounidense sobre el terreno y el sometimiento,
la corrupción y el sectarismo de la
actual clase política iraquí, pero sin necesidad ya de acudir a Naciones Unidas y con el discurso de que se trata de
una presencia tolerada y hasta solicitada por los iraquíes.
Tras la aprobación del
acuerdo, la fractura entre la clase política iraquí colaboracionista y
los sectores mayoritarios de la resistencia, tanto política como
armada, es total. Algunas de las facciones de la resistencia, que sin
aprobarlo toleraban la presencia de algunos de los diputados “críticos”
dentro del Parlamento, se han vuelto tajantes: “[...] La votación que
tuvo lugar ayer viene a confirmar al pueblo iraquí que los miembros del
Congreso de los Diputados que votaron a favor del acuerdo han vendido
Iraq y a su pueblo al ocupante, pero su
venta, gracias a Dios, es nula, pues han vendido algo que no era suyo.
Por lo tanto, Iraq sigue perteneciendo a su pueblo, que lucha contra la
ocupación y sus proyectos políticos con todas las formas de
resistencia” [8].
Y es que
las maniobras y acrobacias de algunos grupos políticos para intentar
lavarse la cara antes de votar a favor sólo ha servido para ahondar en
estas críticas y de forma especial contra el Frente del Acuerdo, sunní,
responsable de la iniciativa de realizar un referéndum en 2009 (previsto ahora para finales de julio) para
que el pueblo vote un acuerdo que, en ese momento, ya llevará
siete meses en funcionamiento, lo cual da idea del grado de transparencia del sistema electoral iraquí y de la lógica tan
particular de este parlamento. Siempre en caso de que llegue a
celebrarse dicha consulta popular, porque Ali Debbag,
portavoz del gobierno iraquí, ya ha declarado
que este referéndum “[...] no es un artículo del acuerdo, no forma
parte de él, sino que se trata de una más de las resolución tomadas
por el Parlamento y, por lo tanto, debe pasar por la oficina de la
Presidencia para su aprobación y posterior publicación en el Boletín
Oficial del Estado”[9]. Inmediatamente antes de la votación
del Acuerdo de Seguridad, el Parlamento iraquí aprobó un documento
titulado “Documento de reconciliación política” promovido por el
mismo Frente. Se trata de una serie de puntos para mejorar la
convivencia entre iraquíes, que van desde la exigencia de reconstruir
las fuerzas de seguridad del Estado, sobre la base de criterios
profesionales y no sectarios (lo que implica un reconocimiento explícito
de la sectarización de la actual policía y del ejército iraquíes), a
la petición de retorno de los refugiados iraquíes. Este documento
viene a cumplir con lo que se está convirtiendo en una costumbre del
proceso político iraquí, es decir, aprobar acuerdos vitales con notas
a pie de página para su futura reforma. De estos, el caso más palmario
es la actual Constitución iraquí, refrendada el pasado 15 de octubre
de 2005, la cual se aprobó con el acuerdo de reformar alguno de sus artículos
en los cuatro meses posteriores. A día de hoy, no se ha hecho
ninguna modificación. Ni tan siquiera la bulliciosa oposición sadrista,
a la que se le exige que se retire del proceso político y cumpla su
tantas veces anunciada incorporación a la resistencia contra la ocupación,
se libra de estos ataques: “[...] No es posible rechazar con una mano
el acuerdo, asegurando que se trata de un complot contra Iraq y su
pueblo, mientras que con la otra se aferran al proceso político con la
excusa de intentar desactivarlo”[10]. DETALLES
DEL ACUERDO
El Acuerdo
de Retirada de las Fuerzas de Estados Unidos de Iraq [SAFO, en sus
siglas en inglés] no es tal. La tan proclamada fecha de retirada total
de todo el territorio iraquí (31 de diciembre de 2011)
[11] no es más que otra fecha en el camino de la ocupación,
pues el mismo acuerdo se preocupa de indicar la vía para su renovación
en el último artículo (art.30, apartado 2): “El Acuerdo será
modificado solo mediante el compromiso oficial de las partes respetando
los procedimientos constitucionales de ambos países.” Más importante
aún, es el hecho de que este acuerdo está enmarcado en el Acuerdo para
el Marco Estratégico para una Relación de Amistad y Cooperación entre
los Estados Unidos de América y la República de Iraq, acuerdo más
amplio firmado el mismo día, el cual no ha sido discutido, ni siquiera
publicado en árabe y que marca no sólo los puntos vitales en las
relaciones militares, sino también en las económicas, culturales o
sanitarias. En la sección I, apartado 3 de este acuerdo se estipula que
“La presencia temporal de las fuerzas de Estados Unidos en Iraq es
fruto de la petición y la invitación del soberano gobierno de Iraq y
respeta completamente la soberanía de Iraq” [12], lo que deja
la puerta abierta a cualquier nueva ‘invitación’ de Iraq a la
presencia de tropas estadounidenses en su
territorio. A
este respecto, Nizar Samarrai asegura que “[...] EEUU se quedará en
sus bases permanentes incluso después de 2011. Ali Debbag, portavoz del
gobierno iraquí, ya ha declarado que: “[...] después del 31
diciembre de 2011 el gobierno iraquí podrá pedir la renovación del
acuerdo o que se firme uno nuevo para que las fuerzas estadounidenses
permanezcan en Iraq”. Las tropas estadounidenses no son una asociación
benéfica ni una organización humanitaria, como la Media Luna Roja,
sino una fuerza que tiene sus propios intereses. Independientemente de
quién gobierne en la Casa Blanca, hay un establishment que vela
por sus intereses en todo el mundo” [13]. La
elección de Barack Obama tampoco parece que vaya a cambiar
sustancialmente la estrategia militar en Iraq, a pesar de su promesa de
retirada de las tropas en 16 meses. Durante la campaña
electoral, su vicepresidente ya habló de la posibilidad de revisar esta
promesa por problemas logísticos. La permanencia del actual secretario
de Defensa, Robert Gatesen su cargo durante un año más, así lo
corrobora. La
retirada de las tropas estadounidenses de las ciudades y aldeas iraquíes
a sus bases (supuestamente, y como muy tarde, el 30 de junio de 2009)
tampoco está clara, pues todavía hay cinco provincias –Nínive,
Tamim, Saladino, Diala y Bagdad– donde la seguridad está bajo control
estadounidense y las autoridades de EEUU podrían
considerar que las fuerzas de seguridad iraquíes no están en
condiciones de hacerse con el control de estas zonas. Otro de
los avances de este acuerdo que se están publicitando como un gran
logro es el final de la impunidad de las
tropas y contratistas estadounidenses desplazados en Iraq. El Sindicato
de Abogados Iraquíes ha emitido un comunicado, que ha hecho llegar a la
CEOSI, en el que analizan el artículo 12 del citado acuerdo y ponen el
énfasis en que: “[...] Está
muy claro que los efectos de este artículo sobre la jurisdicción iraquí,
una parte fundamental de la soberanía de Iraq, queda en suspenso porque
excluye cualquier crimen cometido en acto de servicio, los cuales será
juzgado por las autoridades estadounidenses” (apartados 1 y 3) [14].
En el apartado 5 del mismo artículo, se obliga a que en caso de que
cualquier miembro de las fuerzas estadounidenses, ya sea civil o
militar, sea “[...] arrestado o detenido por las autoridades iraquíes,
éstas deben notificarlo inmediatamente
a las fuerzas de los EEUU y [los detenidos] entregados
a las mismas en un periodo máximo de 24 horas desde su arresto.”
Cuando los crímenes sean susceptibles de ser juzgados por la jurisdicción
iraquí (sólo aquellos que hayan sido cometidos fuera de las bases y no
en acto
de servicio), “[...] la custodia [...] será responsabilidad de las
autoridades de las fuerzas de EEUU, que deberían asegurar que estas
personas estén disponibles ante las autoridades iraquíes para la
investigación y el juicio”, lo que sigue manteniendo, de facto, la
actual situación de impunidad pues las entradas y salidas de Iraq,
tanto de material como de personal
estadounidense no estarán controladas por las autoridades iraquíes.
Además, en caso de que se llegue a juzgar en Iraq a un soldado
estadounidense deberá serlo “[...] según los estándares y garantías
establecidas en las leyes estadounidenses e iraquíes. El comité mixto
deberá establecer los procedimientos y mecanismos para implementar este
artículo” (apartado 8). Para
el Sindicato de Abogados Iraquíes el hecho de que “cuando un tribunal
iraquí juzgue a un estadounidense deba aplicarle la ley estadounidense
además de la iraquí, según determine el comité mixto”, constituye
una violación del artículo 6 de la ley de detención preventiva nº
111 del año 1969 relativa a la jurisdicción local, la cual establece
con claridad que: “[...] se debe aplicar la ley iraquí y la
jurisdicción iraquí a los crímenes cometidos en suelo iraquí” [15]. Polémica
por las versiones en árabe y en inglés. Durante
la etapa de tramitación y votación del acuerdo en el Parlamento iraquí
se especuló mucho sobre las razones que llevaron a Estados Unidos a
ocultar el texto original en inglés. Según tres altos responsables
estadounidenses, citados por McClatchy Newspapers, el documento
era “confidencial pero no estaba clasificado” [16].
Finalmente, las dos versiones oficiales se han dado a conocer y las
dudas sembradas se han demostrado ciertas. A modo de ejemplo se
menciona el artículo 24, apartado 1. La versión árabe es categórica:
“Todas las tropas estadounidenses deberán retirarse del
territorio iraquí antes del 31 de diciembre de 2011”, mientras que la
versión inglesa usa la fórmula ‘shall’, que según los
autores del artículo tiene un matiz menos
imperativo y que podría traducirse por “Todas las tropas
estadounidenses deberían retirarse del territorio iraquí antes
del 31 de diciembre de 2011”. De hecho, la versión inglesa del
acuerdo está redactada con esta partícula que indica posibilidad –no
obligación– y que ha sido traducida al
árabe como imperativo. Otro ejemplo lo
aporta un teletipo de la agencia AFP,
reproducido por Tatib.net, en el que la interpretación del acuerdo que
los responsables estadounidenses piensan defender es distinta a la que
se plasma en la versión árabe. Se trata del artículo 4,
que parece que obliga a las tropas
estadounidenses a avisar y a coordinarse con las tropas iraquíes antes de llevar a cabo una misión militar. Según
responsables estadounidenses, citados por
dicha agencia, “[...] El gobierno de
EEUU no piensa interpretar este apartado
como si tuviese que dar información detallada de
ninguna operación militar” [17]. La razón que se esgrime es
clara y palpable: Las tropas de seguridad iraquíes están infiltradas
de resistentes y son de poca confianza, sobre todo porque están
formadas por milicias sectarias dependientes de Irán, lo cual pondría
en peligro a los soldados estadounidenses ante cualquier operación
sorpresa: “[...] anunciar con antelación a los iraquíes una acción
significaría enviarles una invitación para que preparasen una
emboscada” asegura el mismo responsable [18]. Iraq tras
el 1 de enero de 2009
En
el contexto general nada cambiará para los iraquíes, quienes seguirán
sufriendo la brutal ocupación por parte de las tropas estadounidenses [19],
cuya misión –según el nuevo acuerdo– será ‘mantener la
seguridad y estabilidad en Iraq’ (artículo 4, apartado 1) garantizándoseles
‘el derecho a la defensa propia’ (art.4 apartado 5). Estas tropas
seguirán apuntaladas por un número desconocido de mercenarios y por
unas fuerzas de seguridad iraquíes, formadas sobre bases confesionales,
que persiguen sus propios objetivos, convergentes en muchos casos
con los de los ocupantes. Iraq seguirá gobernada por el tercer ejecutivo
más corrupto del mundo, confinado en la Zona
Verde debido a la presión de la
resistencia y a su falta de popularidad; un gobierno que debe fidelidad a Irán y a sus intereses particulares. Es en los
detalles donde cambiarán las cosas. EEUU ya no tendrá que acudir
anualmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ampliar su
misión en Iraq, puesto que tras el acuerdo –asegura– su presencia
allí es fruto de la voluntad iraquí. La
retirada de sus tropas a las bases hará que sean menos vulnerables (al estar menos expuestas), máxime cuando su
presencia en las calles iraquíes no sirvió para reducir los ataques de
la resistencia contra ellos ni para frenar los asesinatos sectarios.
EEUU ha tenido que contratar mercenarios iraquíes (los llamados
Consejos de Al Sahua o del Despertar) y convertir los barrios de las
ciudades en cárceles comunales que dividen a la población por
confesiones mediante el mismo sistema de muros que se levantan en
Cisjordania (declarados ilegales por el Tribunal de La Haya), con el fin
de disminuir significativamente los
ataques. No obstante, la resistencia ya
ha anunciado que se ha adaptado a la nueva táctica de Washington y ha incrementado
el número de ataques contra las bases estadounidenses [20]. Sin
embargo, la inestabilidad seguirá siendo la tónica general en la vida
diaria de los iraquíes. La cifra de civiles iraquíes muertos por actos
violentos –se calcula ya en más de un millón trescientos mil iraquíes
desde el inicio de la ocupación– sigue siendo elevadísima a pesar de
la inclaustración en la que viven: 340 muertos en noviembre y 278 en
octubre [21]. Las previsiones no parecen muy halagüeñas con el
horizonte de las decisivas elecciones municipales y provinciales del 30
de enero de 2009. Según prevé el sheij Harez al-Dari, secretario
general de la Asociación de Ulemas Musulmanes, estas elecciones podrían
significar un paso más en la desmembración de Iraq, debido a que es
probable que los nuevos consejos provinciales reclamen una mayor autonomía,
e incluso el diseño de nuevas fronteras provinciales, como ya se está
pidiendo en Basora y en la zona limítrofe del Kurdistán iraquí, acercándose,
así, hacia el objetivo iraní, que no es otro que el lograr una zona
bajo su dominio en el sur de Iraq [22]. Ante esta posibilidad, la
revista Al Mushahid al Siyasi [23] asegura que
Estados Unidos se autoproclamará ‘guardián de la unidad iraquí’
para alargar su presencia en Iraq indefinidamente. Frente a
este proyecto sectario, la resistencia iraquí ha reiterado su
compromiso con la lucha por la liberación de la nación iraquí del
yugo al que los ocupantes
estadounidenses y sus colaboradores la tienen sometida, y han recordado, asimismo, que los
terroristas que entraron con los ocupantes –Al Qaeda y las milicias
proiraníes– saldrán con ellos.
1. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/650/75/PDF/N0765075.pdf?OpenElement 2. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/11/20071126-11.html
30176&a1a1eed3ba8209e73e065ec219e4cfe7 -c0a8-10ed-0074-2397cf822bcd/story.html 30361&22f488ea02739254ad712d60b3f34183 30361&22f488ea02739254ad712d60b3f34183. 160649.mht&Id=afe443d4-bdcd-4806-bc65-d66d3ab22783 30320&f11c883486213a5f3dbafbf3a076a5bf puts-16000-iraqi-detainees-risk-torture-20081128 23. Al Mushahid al Siyasi, 30 de noviembre de 2008, traducido por Boletín de Prensa Árabe (www.boletin.org)
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*
Pedro Rojo Pérez, miembro del grupo de coordinación de la CEOSI,
es arabista y director de Al Fanar, Boletín
de Prensa Árabe |
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