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Iraq: detenciones generalizadas y detenidos en aislamiento

Una conocida cárcel iraquí sigue funcionando un año después de que el gobierno afirmara que la había cerrado


Human Rights Watch (www.hrw.org), 15 de mayo de 2012

IraqSolidaridad, 29 de mayo de 2012

Traducido para IraqSolidaridad por Beatriz Morales Bastos

 

“Un alto cargo del ministerio de Justicia declaró a Human Rights Watch que de los cientos de personas detenidas, ‘[…] algunas han sido liberadas; unas cien serán acusadas oficialmente y el resto está en alguna parte, pero no sabemos dónde’.”



Una conocida cárcel iraquí sigue funcionando un año después de que el gobierno afirmara que la había cerrado

Según numerosas entrevistas realizadas a víctimas, testigos, familiares y altos cargos del gobierno, en las tristemente famosas instalaciones carcelarias de Campo Honor, en la Zona Verde de Bagdad, el gobierno de Iraq ha realizado detenciones generalizadas y encarcelamientos ilegales. Hace un año, el gobierno afirmó que había cerrado la cárcel en la que Human Rights Watch había documentado una tortura endémica.
 
Desde octubre de 2011 las autoridades iraquíes han llevado a cabo varias oleadas de detenciones, una de las cuales fue calificada de “preventiva” por los agentes y los responsables. Muchos testigos señalaron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad acostumbran a rodear barrios de Bagdad y de otras provincias, y que van puerta por puerta con largas listas de los nombres de las personas a las que quieren detener. Durante meses el gobierno ha encarcelando a cientos de personas y se ha negado a informar de cuántas personas hay en prisión, de su identidad, de las acusaciones que hay contra ellas o de dónde están encarceladas.
 
“[…] Las fuerzas de seguridad iraquíes se están llevándose a personas de manera ilegal, sin juicio o sin acusaciones, y las mantienen escondidas e incomunicadas”, afirma Joe Stork, exdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch. “[…] El gobierno iraquí debería revelar inmediatamente los nombres de las personas encarceladas y el lugar en el que se encuentran, liberar inmediatamente a aquellas personas que no están acusadas de crimen alguno y llevar a las personas acusadas ante una autoridad judicial independiente”.
Human Rights Watch afirmó que el gobierno debería nombrar una comisión judicial independiente para investigar las continuas acusaciones de tortura, de malos tratos, de desapariciones y de detenciones arbitrarias en Campo Honor y en otros lugares.

Muchos testigos señalaron a Human Rights Watch que algunas personas encarceladas desde diciembre de 2011 estaban en la cárcel de Campo Honor en la zona internacional de Bagdad conocida como la Zona Verde. En marzo de 2011, el gobierno anunció que había cerrado la cárcel de Campo Honor después de que fuera visitada por unos diputados en respuesta a las pruebas que había presentado Human Rights Watch de continuas torturas en esas instalaciones.
 
Las dos mayores operaciones de detención tuvieron lugar en octubre y en noviembre de 2011, cuando se detuvo a personas que supuestamente pertenecían al Partido Baaz y eran leales a Saddam Hussein, y en marzo de 2012, días antes de la Cumbre Árabe celebrada en Bagdad a finales de ese mes. En abril, dos altos cargos del Ministerio de Justicia señalaron por separado a Human Rights Watch que desde que empezaron las redadas en octubre, con frecuencia las fuerzas de seguridad no transferían a los presos a la plena custodia del sistema judicial, tal como exige la legislación iraquí. Según estos altos cargos, en vez de ello las fuerzas de seguridad habían trasladado de una sola vez a decenas de presos dentro y fuera de las instalaciones de la cárcel, a veces sin los trámites o explicaciones adecuados, por orden de la oficina militar del primer ministro Nuri al-Maliki.
 
Catorce abogados, detenidos y altos cargos del gobierno entrevistados por Human Rights Watch afirmaron que las últimas personas detenidas estaban en la cárcel de Campo Honor. Algunos de los altos cargos declararon que las personas detenidas también habían estado en dos cárceles secretas situadas igualmente dentro de la Zona Verde de Bagdad. Estas acusaciones concuerdan con la preocupación expresada en una carta confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) obtenida por Human Rights Watch en julio de 2011, una vez que de que Los Angeles Times hizo pública su existencia.
 
Los altos cargos, abogados y expresos también señalaron a Human Rights Watch que investigadores judiciales del Consejo Judicial Supremo siguen dirigiendo los interrogatorios en la cárcel de Campo Honor. Entre diciembre y mayo Human Rights Watch entrevistó a más de 35 expresos, familiares, abogados, legisladores y altos cargos tanto del gobierno como de seguridad pertenecientes a los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia. Todos ellos, sin excepción, manifestaron estar muy preocupados por su propia seguridad y pidieron a Human Rights Watch que ocultara todos los nombres, las fechas y lugares en los que se habían realizando las entrevistas para proteger sus identidades.

“[…] Resulta muy preocupante que iraquíes de todas las capas sociales, incluyendo a los altos cargos, teman por su propio bienestar y tengan miedo de sufrir graves daños si denuncian graves violaciones de los derechos humanos”, afirma Stork.
 
Detenciones ‘preventivas’ antes de la Cumbre Árabe de marzo de 2012


Las detenciones generalizadas más recientes se produjeron en marzo cuando el gobierno incrementó drásticamente las medidas de seguridad en todo Bagdad como preparación para la cumbre de la Liga Árabe que se iba a celebrar en la ciudad el 29 de marzo. Tanto los familiares de los detenidos como los testigos declararon a Human Rights Watch que los agentes que habían llevado a cabo las detenciones las calificaron de medida ‘preventiva’ para impedir ataques terroristas durante la cumbre. Seis de los detenidos, que fueron liberados en abril, relataron a Human Rights Watch que mientras permanecieron detenidos los interrogadores les dijeron que estaban encarcelados para frenar la actividad criminal durante la Cumbre, además de para evitar cualquier protesta pública ‘embarazosa’.

Los diputados del partido del primer ministro al-Maliki, Estado de Derecho, han negado en los medios de comunicación que hubieran tenido lugar detenciones preventivas y han afirmado que todas las personas detenidas eran sospechosas de ser criminales y que las buscaba la justicia. Todos los detenidos y testigos entrevistados, más de veinte en total, afirmaron que no se les habían mostrado las órdenes de detención.

En los barrios de Bagdad en los que se llevaron a cabo múltiples detenciones, incluyendo los de Adamiya, Furat, Yihad, Abu Ghraib y Razwaniya, los residentes dijeron a Human Rights Watch que parecía que gran parte de los detenidos habían estado antes en cárceles controladas por el ejército estadounidense, incluyendo las de Abu Ghraib, Campo Bucca y Campo Cropper. Algunos familiares y diputados llegaron a la conclusión de que se estaba deteniendo a la gente no porque fueran sospechosos de una actividad criminal en el momento, sino simplemente porque ya habían sido detenidos antes.
 
En mayo, un alto cargo del Ministerio del Interior señaló a Human Rights Watch que “[…] Con el fin de mantener los posibles incidentes de seguridad en el mínimo nivel durante la cumbre, mientras el mundo observaba, las fuerzas de seguridad a veces habían decidido que era más fácil detener, simplemente, a las personas que habían estado en la cárcel unos años antes, independientemente del crimen que hubieran cometido”. En abril, un alto cargo del ministerio de Justicia declaró a Human Rights Watch que de los cientos de personas detenidas, “[…] algunas han sido liberadas; unas cien serán acusadas oficialmente y el resto está en alguna parte, pero no sabemos dónde”.

Durante una sesión parlamentaria del 9 de abril, Hassan al-Sinead, presidente del Comité de Seguridad y Defensa del parlamento y miembro del Partido Estado de Derecho del primer ministro al-Maliki, mostró lo que él afirmaba que eran informes oficiales de seguridad del Comando de Operaciones de Bagdad, y en respuesta a las acusaciones de detenciones preventivas hechas por otros legisladores, respondió que durante el mes de marzo sólo hubo 532 detenciones en todo Bagdad y que ninguna de ellas fue preventiva.

Otros dos miembros del comité parlamentario dijeron posteriormente a Human Rights Watch que esa cifra era muy inferior a la de las detenciones que se habían producido ese mes. En la sesión del 9 de abril se creó un comité de investigación formado por miembros de los comités de seguridad y defensa y de Derechos Humanos. Miembros de este comité de investigación señalaron a Human Rights Watch que nunca se habían llevado a cabo los planes de visitar a los detenidos. Hasta la fecha no se han publicado los resultados de la investigación.
 
Detenciones a los ‘baazistas’


En octubre y noviembre de 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de personas en Bagdad ciudad y en la periferia, la mayoría de las veces durante redadas nocturnas en los barrios. La televisión estatal informó de que el primer ministro al-Maliki había ordenado estas detenciones. Declaraciones del gobierno, incluyendo las del primer ministro, afirmaban que las personas detenidas eran personas leales a Saddam Hussein y que tramaban contra el gobierno. Familiares de los detenidos dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad habían llamado a la puerta de sus casas con listas y habían leído los nombres. Algunas de las personas que estaban en las listas eran exmiembros del Partido Baaz,  y otras no lo eran, incluyendo personas que habían muerto hacía años. Tres altos cargos dijeron por separado a Human Rights Watch que la cantidad total de personas detenidas en la campaña fue de cerca de 1.500.

En diciembre un hombre, cuyo padre de 57 años había sido detenido junto con otros once vecinos en la redada del 30 de octubre, manifestó a Human Rights Watch: “[…] Una semana después de que detuvieran a mi padre, algunos de los agentes que le habían detenido volvieron y para encontrar a miembros de la familia a los que darles las pertenencias [de los vecinos que habían sido detenidos], como ropa, dinero o documentos de identidad, pero seguían afirmando que no tenían información de dónde estaban o de qué los acusaban”.

El hijo de este hombre enseñó a Human Rights Watch un documento, que le había dado la policía, en el que constaba la fecha de detención de su padre, pero el espacio reservado al nombre del lugar de reclusión estaba en blanco.
 
Tras saber que algunos presos estaban en la cárcel Rusafa de Bagdad, controlada por el Ministerio de Justicia, el 4 de enero Human Rights Watch pidió a Hassan al-Shimmari,  ministro de Justicia, poder visitar a los presos. Se denegó la petición.

Aunque no todas las detenciones han sido en la misma escala que las de octubre, noviembre y marzo, han tenido lugar campañas de detención regulares, a menudo en barrios de población mayoritaria sunní, tanto de Bagdad como de provincias alejadas, según afirmaron testigos, familiares y reportajes de los medios. El fuerte secretismo del gobierno con relación a la cantidad de personas detenidas y las acusaciones concretas que se les imputan hacen difícil establecer su alcance.
 
Aunque algunos detenidos fueron liberados a las pocas horas o a los pocos días y afirmaron que no habían sido maltratados, otros indicaron a Human Rights Watch que habían sido torturados, incluso con el uso reiterado de electrodos. La mayoría de ellos afirmaron que los interrogadores les habían obligado a firmar promesas de no criticar al gobierno en público o a firmar confesiones. Afirmaron que los interrogadores les habían amenazado con que si no firmaban esos documentos sufrirían violencia física, violaría a las mujeres de sus familias o a ellos jamás los pondrían en libertad. Algunas familias señalaron a Human Rights Watch que se les habían sobornado con un pago de miles de dólares para asegurarse de que se liberaba a sus seres queridos. Human Rights Watch conoce dos casos en los que se puso en libertad a los detenidos después de que sus familias pagaran esos sobornos.
 
La cárcel de Campo Honor


Campo Honor es una base militar que comprende más de 15 edificios dentro de la fortificada Zona Internacional de Bagdad, que se sigue denominando ‘Zona Verde’. La Brigada 56 del Ejército Iraquí, también conocida como la Brigada de Bagdad, que opera bajo el mando directo de la Ofician del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, controla el complejo de Campo Honor y es responsable de la seguridad de la Zona Verde.

El 29 de marzo de 2011 al-Shimmari, ministro de Justicia, señaló a Human Rights Watch que el gobierno había cerrado las principales instalaciones de detención del campo, la cárcel de Campo Honor (que a menudo se denomina simplemente “Campo Honor”). Al-Shimmari afirmó que las autoridades habían trasladado a todos los presos (según él, terroristas o militantes islamistas) a otras tres instalaciones controladas por su Ministerio.

Contrariamente a esta afirmación, Human Rights Watch ha recibido informaciones del gobierno y de agentes de los servicios de seguridad que indican que algunas de las personas detenidas en las redadas “baazistas” y de la “cumbre” fueron encerradas en la cárcel de Campo Honor y que ésta se seguía utilizando, al menos temporalmente, como centro de encarcelamiento o como lugar de interrogatorios antes de trasladar a los presos a las cárceles oficiales. Este uso de cárceles militares fuera del control del Ministerio de Justicia coincide con procedimientos conocidos en otras instalaciones, de las que se reconoce públicamente que están fuera del control del Ministerio, como la cárcel del Aeropuerto Muzanna y una instalación al oeste de Bagdad controlada por la Brigada Muzanna del ejército. Según altos cargos del gobierno y expresos, ambos complejos han albergado a cientos de personas detenidas en las últimas redadas.
 
Un alto cargo de seguridad perteneciente al Ministerio de Defensa señaló a Human Rights Watch en abril que los investigadores judiciales destinados en el Consejo Judicial Supremo acuden regularmente a Campo Honor, donde participan en investigaciones e interrogatorios junto con investigadores judiciales de la Brigada 56. Un abogado que trabaja para el gobierno, pero que no quiere que se identifique su departamento, corroboró esta acusación en una entrevista de Human Rights Watch realizada en abril.

Entre diciembre [2011] y abril tres expresos que hablaron con Human Rights Watch ofrecieron unos relatos creíbles de lo que ellos afirmaban eran sus interacciones con los investigadores judiciales de la cárcel de Campo Honor. Estas acusaciones coinciden con procedimientos judiciales que se sabe que tuvieron lugar en el pasado. En abril un detenido señaló a Human Rights Watch que había permanecido en la cárcel de Campo Honor desde finales de octubre a primeros de diciembre.

En una entrevista realizada en marzo, otro hombre declaró a Human Rights Watch que a primeros de noviembre había sido detenido en Bagdad y trasladado a una cárcel dentro de la Zona Verde, y que los guardas y otros presos le dijeron era la cárcel de Campo Honor. Su descripción y un croquis que hizo de la distribución de las celdas y de las caravanas utilizadas para los interrogatorios coinciden con la distribución que se conoce de las instalaciones.
 
A principios de diciembre otro detenido afirmó que podía confirmar que había estado en la cárcel de Campo Honor en mayo de 2011debido a la proximidad de los edificios circundantes y claramente reconocibles. Afirmó que cuando, en tres ocasiones distintas, le llevaron de las instalaciones principales a las caravanas adyacentes para unos violentos interrogatorios no le vendaron los ojos. “El Ministerio de Defensa y la antigua [sala del] Consejo de Ministros están ahí”, afirmó. “Soy exmilitar y trabajaba muy cerca de ahí, así que sabía perfectamente dónde estaba”.

El pasado mes de julio, Human Rights Watch obtuvo una copia de una carta fechada el 22 de mayo de 2011 y escrita por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que afirmaba habían “recopilado acusaciones fiables” de dos complejos diferentes de detenciones secretas unidas a la base militar de Campo Honor, más otra instalación cercana al cuartel general del Servicio Antiterrorista, también en la Zona Verde, “[…] que, a día de hoy, se utiliza para encerrar y ocultar a los presos cuando los comités visitan la cárcel principal”.

El ICRC documentaba, también en la carta, los métodos de tortura utilizados dentro de la cárcel de Campo Honor y las instalaciones unidas a ella, que coinciden con los métodos de tortura de los que ya había informado anteriormente Human Rights Watch. El ICRC dirigía la carta al primer ministro al-Maliki con copia a Farouq al-Araji, jefe de la oficina militar de al-Maliki, al general Mahmoud al-Khazraji, comandante de la Brigada 56, a otros altos cargos de defensa, al Sr. al-Shimmari, ministro de Justicia y al juez Midhat al-Mahmoud, presidente del Consejo Supremo  Judicial.
 
Después de que el 14 de julio Los Angeles Times hiciera pública la existencia de la carta, el ICRC publicó una declaración declinando confirmar o negar su autenticidad debido a su tradicional política de limitar sus comunicaciones a los altos cargos del gobierno concernido. En julio y en agosto, dos altos cargos del gobierno iraquí y un exalto cargo que estaba familiarizado con la carta aseguraron a Human Rights Watch la validez de la carta.

En momentos diferentes a lo largo de mayo de 2012 dos abogados defensores señalaron a Human Rights Watch que clientes suyos habían estado detenidos en la cárcel de Campo Honor en agosto de 2011. Otro abogado señaló a Human Rights Watch que mientras estuvo trabajando el pasado año en el Consejo Supremo Judicial encontró frecuentes referencias tanto en los comentarios de los jueces y de otros funcionarios como en los documentos del tribunal a presos encerrados en la cárcel de Campo Honor y en “[…] otras dos cárceles en la Zona Verde controladas también por la Brigada 56”. Cuatro altos cargos de los Ministerios de Defensa y Justicia y dos exaltos cargos también señalaron a Human Rights Watch la existencia de estas cárceles secretas, una de las cuales conocida popularmente como  “Cinco Estrellas” también formaba parte del complejo de Campo Honor, y otra situada fuera de la base, aunque dentro de la Zona Verde.
 
Trato a los detenidos


Las declaraciones hechas a Human Rights Watch por las personas capturadas en las redadas y encerradas en diferentes cárceles, incluyendo las controladas por el Ministerio de Justicia, variaban en la descripción del trato recibido. Algunas personas afirmaban que no habían sido maltratadas físicamente. Tres personas detenidas en la operación de la “Cumbre” dijeron a Human Rights Watch que los agentes de seguridad les habían asegurado que simplemente tendrían que esperar hasta que acabara la Cumbre Árabe y que entonces serían puestos en libertad, y que el mantenerlos encerrados “[…] era simplemente una medida preventiva”. Otras personas describieron múltiples golpes y amenazas, y algunas describieron maltrato equivalentes a la tortura.

En mayo,  un hombre de 59 años relató a Human Rights Watch que había sido detenido en octubre en una provincia al sur de Iraq y que posteriormente fue trasladado con otros 60 presos a unas instalaciones de detención en Bagdad, que identificó, aunque pidió a Human Rights Watch que no lo desvelara: “[…] Cuando llegué con los ojos vendados y esposado a la espalda, tuve que andar a lo largo de una larga fila de hombres, cada uno de los cuales me daba puñetazos en la cara y me golpeaba la cabeza con cables de alambre a medida que iba avanzando”, afirmó. “Después de eso, estuve en aislamiento durante un tiempo y luego me llevaron ante los investigadores judiciales. No me podía creer que me pegaran tan fuerte y me pusieran electrodos durante tres horas seguidas, sin siquiera hacerme preguntas”, concluye.

También afirmó que durante otros interrogatorios sus captores lo desnudaron, le pegaron con cables de alambre, le dieron puñetazos en las orejas, le echaron agua fría y le aplicaron electrodos a la espalda.
 
Fue puesto en libertad en mayo, cinco meses más tarde, después de que su familia pagara un soborno de más de 10.000 dólares y de que un político influyente interviniera a su favor. Cuando se le puso en libertad se le obligó a firmar tanto lo que según él es una confesión, aunque no está seguro de su contenido, como una promesa de que nunca hablará “[…] en contra del gobierno” y de que nunca hablaría  de su detención a los medios de comunicación.

“[…] Me dijeron que si rompía cualquiera de estas normas, traerían a mis hijos y los destruirían y violarían a mi mujer”, afirmó. “[…] Cuando me iba me dijeron: ‘Te volveremos a detener y ten la seguridad de que te ejecutaremos’.”

Familiares de los detenidos que hablaron con Human Rights Watch afirmaron que no tenían ni idea de dónde estaban encarcelados sus seres queridos, a pesar de las muchas averiguaciones que hicieron en el Ministerio de Derechos Humanos y en los cuarteles generales de las fuerzas de seguridad que los habían detenido. En los casos en los que el gobierno había revelado dónde estaban encarcelados los detenidos, las fuerzas de seguridad dificultaron o impidieron el contacto de los detenidos con sus familiares o abogados.
 
“[…] Sobre el papel, un acusado tiene derecho a la defensa, pero en la vida real resulta casi imposible”, afirmó un abogado defensor que intenta representar a dos hombres detenidos durante las redadas de la “Cumbre” en marzo. Este letrado relató a Human Rights Watch que cuando se le informa de la localización de un detenido y se le permite visitarlo, le hacen esperar durante horas y finalmente le dicen que se vaya a casa porque ha terminado la jornada. “[…] Cualquier abogado que trate de ver a su cliente está sujeto a amenazas por parte de las fuerzas de seguridad que custodian a los detenidos”, señaló el abogado a Human Rights Watch. “[…] Varias veces, en los últimos meses, me han dicho: ‘Entonces, ¿quieres representar a un baazista y terrorista? Me pregunto qué te lleva a hacer esto, ¿por qué estás de su lado?’.” Esto supone un claro intento de intimidar a los abogados por estar al lado de sus víctimas”.
 
Los familiares que trataron de contratar abogados para defender a sus parientes detenidos en las redadas contra “baazistas” ofrecieron unos testimonios sorprendentemente similares. En diciembre, un hombre relató a Human Rights Watch que su familia había acudido a cuatro abogados penalistas diferentes, que al principio se mostraron dispuestos a aceptar el caso, pero que cuando supieron que su padre había sido detenido en las redadas “baazistas”, “[…] inmediatamente cada uno de ellos nos dijo que no podían llevar el caso porque las detenciones se habían llevado a cabo por orden de la oficina del primer ministro”, afirmó. Citó a un abogado que decía: “[…] Este caso ya está sentenciado. Es un caso perdido y no puedo participar en él porque las detenciones fuero órdenes del primer ministro’”.

“[…] Resulta sorprendente que los cuatro tuvieran la misma reacción y esto nos hizo perder las esperanzas”, señaló el familiar. “No buscamos ya otro abogado y no tenemos ni idea de dónde está mi padre”.


Texto original en inglés disponible aquí.

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